Militares colombianos amenazan con fusiles a mujeres y niños en un pueblo
Al menos cuatro soldados de rostro cubierto amedrentaron a un poblado de Colombia apuntando sus fusiles contra niños, mujeres y otras personas, en un incidente que el gobierno calificó este miércoles como de "suma gravedad".
"¿Por qué vienen a atropellarnos?", "¿Les parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo mi hijo en brazos?", "¡Identifíquense!", grita una mujer que carga un bebé en el municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba (norte), según videos que se hicieron virales.
Uno de los militares de pañoleta negra en el rostro saca una pistola y apunta contra ella. Muy cerca, otro levanta su fusil hacia los demás. Tres niños lloran abrazados a otra mujer, mientras alrededor una veintena de personas increpa a los soldados.
El presidente izquierdista Gustavo Petro comparó lo sucedido con el paramilitarismo, los escuadrones de derecha que aliados con algunos miembros del ejército sembraron terror en su lucha contra las guerrillas, antes de su desarme en 2006.
"Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos", escribió el mandatario la red social X, antes Twitter.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el incidente "es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones".
"Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares", añadió en la red X el ministro Velásquez, quien prevé viajar a la zona el jueves para hablar con la comunidad.
A lo largo de medio siglo de conflicto interno, los militares se han visto inmersos en escándalos por violaciones de derechos humanos en Colombia. Entre 2002 y 2008, miembros de la fuerza pública asesinaron a más de 6.400 civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate en una práctica macabra conocida como "falsos positivos".
"Sinsabor"
La Defensoría del Pueblo pidió a "las autoridades esclarecer violaciones a los derechos humanos" en Tierralta, entre ellos un presunto "hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena".
Fiscalía y Procuraduría, el órgano estatal que vigila a los funcionarios, abrieron investigaciones por el caso.
Una "comisión inspectora" del Ejército se desplazó a la zona para "verificar" el "posible acto de violencia contra la población civil".
"No se trata de ocultar la verdad. Aquí quien haya incumplido las órdenes, quien haya propiciado una actuación indigna que se sale de nuestra doctrina militar, de nuestros principios y valores, de nuestros procedimientos, tendrá que asumir las consecuencias de su actuación", aseguró a medios el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares.
Según Orlando Triana, defensor de derechos humanos de la comunidad, los uniformados se hicieron pasar por miembros de las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.
"Uno pensando que la fuerza pública va a defender a la población civil y resultamos sometidos y revictimizados, a uno le queda un sinsabor", comentó Triana en entrevista telefónica con la AFP.
Pese a la firma del acuerdo de paz que desarmó al grueso de la antigua guerrilla, en Colombia persiste un conflicto armado que enfrenta a rebeldes, narcos, paramilitares y agentes estatales.
En el departamento donde ocurrió el hecho opera el Clan del Golfo, la mayor banda narco del país.
Triana aseguró que la comunidad ha sido "históricamente estigmatizada" por su ubicación cercana a grandes cultivos de coca.
En marzo de 2022 un comando militar irrumpió en un pueblo en la frontera con Perú y Ecuador, donde se celebraba una feria a la que asistieron cientos de pobladores. Once personas fallecieron, entre ellos un menor de edad, un gobernador indígena, un líder comunitario y su esposa embarazada.
El primer gobierno de izquierda en la historia del país se comprometió a eliminar los abusos de la fuerza pública con un enfoque en derechos humanos. También apuesta por desactivar la guerra interna por medio del diálogo con todos los grupos ilegales.
Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, según la ONU.
