La extinción de dominio es el instrumento jurídico con el que una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos.

Vea también: Informe a la Nación: Cortizo arremete contra gobiernos pasados y reitera plan de recuperación económica

Sin embargo, en el 2014 una iniciativa como esta, fue presentada por la entonces Procuradora de la Nación, Ana Belfon, pero no trascendió.

El entonces proyecto de Ley 104, en su artículo 3, señalaba que "la extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, en cuanto se dirige contra bienes de origen o destinación ilícita y es declarada a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro juicio o proceso".

En el anteproyecto presentado en el 2014, se indicaba que "se aplicará a aquellos bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas".