Los hechos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026, en el distrito de San Miguelito. Durante ese periodo, el hombre habría cometido los delitos bajo amenazas contra la menor.
De acuerdo con las denuncias interpuestas por las víctimas, eran contactados vía telefónica por un grupo de personas, quienes se hacían pasar por empleados de banco.
El presidente subrayó que su administración ha presentado más de
350 denuncias penales
por irregularidades detectadas, insistiendo en que corresponde a las autoridades competentes, y no al Ejecutivo, darles seguimiento.
El Ministerio Público rechazó "todo tipo de presión externa, respetando el debido proceso para las partes y procurando siempre el fiel cumplimiento de su rol constitucional de persecución penal".
La Procuraduría busca sensibilizar a los diputados sobre la importancia de dotar al Ministerio Público de las herramientas necesarias para enfrentar la criminalidad en el país.
La institución, reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y continúa desarrollando diligencias investigativas con rigor y responsabilidad.
La contaminación fue notificada el 29 de mayo de 2025, lo que dio paso al inicio de una serie de investigaciones que actualmente vinculan a nueve empresas.
La detención de esta persona fue mediante diligencia de allanamiento de la operación SIPE 2.0 encabezada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción.
La institución asegura que todas sus actuaciones se fundamentan en criterios técnicos, jurídicos y procesales, en medio de una alta carga investigativa.
La investigación surgió el 28 de abril de 2025, cuando el señalado abusa presuntamente de la víctima en la residencia que él ocupaba, en el distrito de Dolega.