Aceras en Panamá: revisión no suspende plazos; diputado Cedeño demandará el acuerdo

Ciudad de Panamá, Panamá/El anuncio de una revisión del Acuerdo Municipal 316 no suspende su vigencia ni los plazos para realizar las adecuaciones en las aceras, advirtió el diputado y abogado Ernesto Cedeño, quien cuestionó que las autoridades municipales mantengan la norma en ejecución mientras evalúan posibles modificaciones.

En ese sentido, recordó que hoy presentará ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contencioso-administrativa de nulidad, con la que solicitará la suspensión inmediata de la ejecución del acuerdo. A su juicio, el Concejo Municipal debió suspender o revocar formalmente el acuerdo y publicar esa decisión en la Gaceta Oficial, antes de iniciar la revisión.

Puede leer: Aceras en Panamá: Alcaldía anuncia que revisará Acuerdo Municipal 316 tras cuestionamientos

Lo cuestionable es que tú mantengas vivo este instrumento jurídico con plazos fatales de ejecutoria; algunos son 60 días, otros seis meses, otros dos años”, manifestó el también abogado.

Sus declaraciones surgen después de que la Alcaldía de Panamá anunciara en TVN Noticias que revisará el documento, que establece adecuaciones para garantizar el libre tránsito por las aceras y contempla multas de hasta $5,000 por incumplimiento.

Cedeño expresó dudas sobre el alcance de esa revisión y consideró que las autoridades podrían concentrarse en ajustar las sanciones sin modificar las disposiciones que él cuestiona.

El problema de fondo, sostuvo, va más allá del monto de las multas: considera que el acuerdo viola el Estado de derecho, la seguridad jurídica, el principio de buena fe y los principios del derecho administrativo, al obligar a propietarios a modificar estructuras construidas con autorizaciones municipales previas.

Lo que tú estás quitando aquí es el principio de buena fe”, afirmó.

El diputado puso como ejemplo las barriadas cuyos diseños fueron aprobados por el Municipio hace décadas y cuyos propietarios ahora tendrían que asumir los costos de las adecuaciones. Según su interpretación, esas exigencias implican dejar sin efecto actos administrativos emitidos por las propias autoridades.

“Está dejando sin efecto actos administrativos emitidos. Esto es abiertamente ilegal”, aseguró, al citar el artículo 62 de la Ley 38 de 2000 como fundamento de su cuestionamiento.

Haga clic aquí para leer el acuerdo

Cedeño defendió que se distinga entre las obras que contaron con permisos y las ocupaciones ilegales de las servidumbres. Sobre estas últimas, sostuvo que las autoridades ya disponen de normas para recuperar los espacios públicos, sin necesidad de recurrir al nuevo acuerdo.

“Ninguna norma jurídica te autoriza que tú invadas la servidumbre y te apropies de la servidumbre”, expresó.

Por ello, planteó que las nuevas disposiciones deben regir hacia el futuro y que las irregularidades existentes deben atenderse con las normas vigentes.

“Lo que yo estoy en contra es que se viole el Estado de derecho”, dijo, tras aclarar que no se opone a poner orden en la ciudad.