Alianza Ciudadana pide explicaciones por publicaciones del manejo en el Consejo de Seguridad

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, exigió este martes 9 de octubre en un comunicado, explicaciones al país por las publicaciones en el manejo del Consejo de Seguridad, así como en los casos de corrupción.

Este organismo, se remontó al año 2014 cuando el presidente de la República, Juan Carlos Varela, tomó posesión e iniciaron las investigaciones de varios escándalos de corrupción y peculado del gobierno anterior.

En ese momento “se habló de la existencia de una estructura criminal enquistada en el aparato estatal. Se trataba de delitos cometidos en contra de la administración pública que causaron una lesión patrimonial al Estado que se estimó en más de 500 millones de dólares. Algo sin precedentes en la historia panameña”, señala el comunicado.

Frente a este panorama, se requería comenzar una serie de investigaciones administrativas, presentar las denuncias, los medios de pruebas y colaborar con el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones penales. Se requería la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional, la Unidad de Análisis Financiero, la Contraloría General de la República y todas las instituciones del Estado para desenmarañar esta red criminal.

“Muchos ciudadanos creímos en esa ocasión que no se iba a pasar la página y que se llevaría ante la justicia a los implicados en estos graves hechos para recuperar así los dineros del Estado panameño. Sin embargo, desde el principio de este gobierno se cometieron grandes fallas”, entre las que destacan:

• Nombrar a una exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional como la Procuradora General de la Nación, [Kenia Porcell] aunque su ratificación fue unánime en la Asamblea Nacional con el aval de todos los partidos políticos y contó con el respaldo de muchos sectores, la Alianza Ciudadana fue una de las pocas voces que cuestionó este nombramiento.

• Contratar a una firma vinculada al presidente de la República como encargada de asesorar las instituciones del Estado en la preparación de las denuncias y querellas que se iban a presentar ante el Ministerio Público, que aunque no era ilegal, sí podía aumentar la percepción de selectividad de la justicia.

• No impulsar la Carrera Judicial y, por lo tanto, provocar que muchos de los jueces que hoy están decidiendo en estos casos de megacorrupción se encuentren en la categoría de interinos, lo que no nos brinda garantía de independencia.

• No haber nombrado una Fiscalía Especial para la investigación de estos casos de alta complejidad, ni haber destinado los recursos para mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de estas investigaciones.

Lo que es preocupante para la Alianza Ciudadana, son algunos señalamientos que se realizaron en un reciente reportaje de La Estrella de Panamá, donde se señala la existencia de un grupo de abogados denominados “la taquilla”, que según la fuente se dedicó a negociar penas a cambio de cooperación con la justicia.

“Se menciona que existen en algunos procesos declaraciones de testigos protegidos, que según fuentes anónimas, fueron preparadas por el Consejo de Seguridad Nacional”, expresa el texto del comunicado.

Estos señalamientos que se han divulgado en la última semana “son muy fuertes, pero no se ha presentado suficiente información sustentada que nos diga que –en el caso de haberse dado estas actuaciones– se hicieron con el conocimiento de las Fiscales Anticorrupción, influyeron en las investigaciones o en las decisiones de los jueces, o que los mismos fueron presionados para la toma de sus decisiones”.

“Adicionalmente, sobre el tema de testigos protegidos es importante que la ciudadanía conozca que la categoría de testigo protegido la otorga la Fiscalía y no el Consejo de Seguridad Nacional, ni los abogados querellantes de las instituciones denunciantes”.

“Consideramos que se debe investigar y analizar la actuación del Consejo de Seguridad Nacional y de los abogados particulares contratados, y determinar si en efecto hubo prácticas violatorias de la Ley. Esta investigación solo podrá realizarla una comisión independiente para que haya mayor credibilidad, cuestiona La Alianza Ciudadana Pro Justicia.