Retiran anteproyecto de ley de periodismo

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional de Diputados (AN), procedió a retirar el anteproyecto de ley 15, que regula el ejercicio del periodismo y de los reporteros gráficos de Panamá, luego que Juan Bautista Moya, diputado suplente del Panameñismo y proponente de la iniciativa , presentara este jueves 15 de octubre, la solicitud para su retiro.

Tras la lectura del documento, los diputados de la comisión aprobaron el retiro del polémico anteproyecto.

Miembros del Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Panamá, aseguraron que seguirán luchando para buscar mejores días para los profesionales de la comunicación.

Igualmente, el diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y miembro de esta comisión, Quibián Panay, indicó a los periodistas y dirigentes presentes, que “estaba a disposición de recibir todas las modificaciones sugeridas” y a la vez, conversar con los gremios para que la iniciativa no venga únicamente del diputado Moya, sino que también involucre a otros colegas.

El polémico anteproyecto tomó mayor relevancia a raíz de la presentación del informe de Panamá, ante el Comité sobre la Libertad de Prensa e Información, en la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada a inicios de este mes en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

En este encuentro, los representantes de Panamá ante la SIP, advirtieron sobre el retroceso que representa esta iniciativa para las denominadas “leyes mordaza”, que fueron derogadas en 2005.

Las críticas al anteproyecto están dirigidas a los aspectos relacionados a las prohibiciones para que extranjeros ejerzan el periodismo en Panamá, las penas de cárcel para quienes lo hagan de forma ilegal, la creación de una “Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP)”; que busca la “acreditación profesional” que permita el ejercicio a “los profesionales del periodismo panameño” y para una “acreditación profesional transitoria” de los profesionales extranjeros” por espacio de un año, “con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año” y la constitución de un “Tribunal Disciplinario”; cuyas funciones se basarían en la aplicación de sanciones contempladas en el Código de Ética, como la “suspensión de la acreditación profesional”, entre otros aspectos.