En Asamblea de la SIP advierten del “retroceso” por anteproyecto de ley de periodismo para Panamá

Los riesgos que supone para Panamá una iniciativa legislativa presentada en julio pasado, para regular la carrera del periodista y reportero gráfico en el país, fueron expuestos durante la lectura de informes del Comité sobre la Libertad de Prensa e Información, en la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Durante la presentación del informe de Panamá, se advirtió este domingo, 4 de octubre, del retroceso que representa esta iniciativa para las denominadas “leyes mordaza”, que fueron derogadas en 2005.

El documento fue expuesto por Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial, El Siglo-La Estrella, en representación de la delegación de Panamá, que denunció que este anteproyecto cuenta con 22 artículos y contiene normas “innecesarias y graves restricciones a la libertad de expresión”.

Quirós, también miembro de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, cuestionó duramente la iniciativa al destacar que el anteproyecto de ley viola el derecho a la libertad de expresión, pues las personas que no tengan título de Periodismo o no estén acreditados no pueden ejercer la profesión.

Además-indicó- viola el derecho del panameño a acceder a información de toda índole sin restricciones.

También destacó que la propuesta constituye una violación al derecho al trabajo por establecer muchas barreras. Incluso dijo que el documento va en detrimento de los intereses de los periodistas porque vulnera sus derechos a la libre asociación al obligarlos a inscribirse en dos instituciones de gremios periodísticos.

Inclusive en el informe se criticó la facultad que se le otorga al Ministerio de Gobierno para resolver las apelaciones que se presenten contra decisiones del Tribunal Disciplinario que aplica las sanciones por violaciones al Código de Ética.

La presentación del informe de Panamá causó conmoción entre los miembros de la SIP principalmente porque el proyecto establece sanciones de 2 a 5 años de prisión para aquellas personas que ejerzan la profesión ilegalmente o sin estar acreditados.

Uno de ellos fue Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información quien señaló que: “Ni en Venezuela hay una ley para meter preso a nadie por ejercer el Periodismo”.

Reacciones

Por lo anterior, representantes de medios de comunicación en Panamá, hicieron varias peticiones a los comisionados de la SIP, entre ellos, el vicepresidente de Asuntos Informativos de TVN Noticias, Temístocles De Obaldía, quien solicitó al organismo que se emita una resolución donde se advierta al Gobierno de Panamá sobre las violaciones a la libertad de expresión de aprobarse esta propuesta.

Según De Obaldía, el proyecto no solo atenta contra la libertad de expresión, además, “es xenofóbico”. En ese sentido recordó que contempla que cualquier redacción no pueda contratar a un periodista ni trabajador que no sea panameño.

También expresó que llama la atención que el proponente de la iniciativa, el diputado suplente Juan Bautista Moya, del partido oficialista Panameñismo, se haya aliado con gremios de bajo perfil para impulsar la iniciativa.

“Mientras que el proyecto de ley esté en la Asamblea Nacional, estará latente, los diputados podrían usarlo para presionar a los medios de comunicación. Mientras el proyecto no se retire será una espada de Damocles”, recalcó.

Otro representante de Panamá pidió a la SIP enviar una misión especial para que pueda observar la realidad del país y cómo este proyecto atentaría contra la libertad de expresión.

Antes de la lectura del informe, Paolillo había solicitado a los presentes prestar atención al informe por Panamá, porque a su juicio “llama la atención” que el país esté exponiendo situaciones similares a otras naciones donde se atenta a la libertad de expresión.

Anteproyecto

El informe presentado hoy también recalcó que el anteproyecto de ley 015 crea una “Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP)” que busca la “acreditación profesional”, que permita el ejercicio de esta profesión a “los profesionales del periodismo panameño” y para una “acreditación profesional transitoria”, de los profesionales extranjeros”, por espacio de un año, “con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año”.

Igualmente plantea la constitución de un “Tribunal Disciplinario”, cuyas funciones se basarían en la aplicación de sanciones contempladas en el Código de Ética, entre ellas la “suspensión de la acreditación profesional”.

Agrega el documento, que dicho código, administrado por CTAP, “sin que exista una instancia democrática” que lo dicte, establecería que las apelaciones de las decisiones del “Tribunal Disciplinario” se resuelvan ante el Ministerio de Gobierno.

Se establecen igualmente, sanciones de “prisión de dos (2) a cinco (5) años, por el supuesto ejercicio ilegal de la profesión.

Por lo antes expuesto, la delegación de Panamá ante la SIP, denunció del retroceso que supone esta iniciativa para el país.