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Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de más de una década de investigaciones y al menos cinco intentos fallidos de iniciar el proceso, Panamá dio este lunes 12 de enero un paso decisivo en uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia: el inicio del juicio por el caso Odebrecht.
La jueza Baloisa Marquínez abrió formalmente la audiencia, marcando un momento clave en un expediente que podría redefinir el combate a la impunidad en el país.
Durante la sesión inicial se realizó la presentación oficial de las partes. La acusación está a cargo de la Fiscalía Especial Anticorrupción, encabezada por Ruth Morcillo, fiscal superior, junto a las fiscales de circuito Jenisbeth Malek y Thalía Palacios.
En representación del Estado panameño, como querellantes, comparecieron los abogados Alexis Rivera y Carlos Antúnez, quienes ejercerán la acción civil dentro del proceso.
Pese al arranque formal del proceso, el caso volvió a enfrentar un obstáculo legal. Demetrio Papadimitriu, exministro de la Presidencia, presentó un amparo de garantías constitucionales con el objetivo de evitar su comparecencia ante el tribunal.
El recurso fue interpuesto el 5 de enero de 2026 por su abogado Arturo Vicente Sauri Muñoz ante el Primer Tribunal Superior, y quedó en manos de la magistrada Janeth Torres. La acción impugna el Auto N.º 130 del 7 de mayo de 2025, que ordenó el llamamiento a juicio de 31 personas, alegando un supuesto doble juzgamiento.
A pesar de esta acción, el Órgano Judicial mantuvo vigente la fecha del 12 de enero para el inicio de la audiencia.
El tribunal también dejó constancia de los abogados que representan a los imputados:
Tras las presentaciones, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso para dar paso a una audiencia de validación de acuerdo de pena, la cual se mantiene bajo reserva, por lo que se solicitó a todos los presentes abandonar la sala.
El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que la constructora brasileña pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y operadores políticos entre 2010 y 2014 para asegurar la adjudicación de contratos millonarios.
Según las investigaciones, los pagos se canalizaron a través de una estructura secreta conocida como la “División de Operaciones Estructuradas”, también llamada “Caja 2”, que utilizaba sociedades pantalla, cuentas en paraísos fiscales y testaferros para ocultar el origen ilícito del dinero.
El delito principal que se juzgará es blanqueo de capitales, por el uso del sistema financiero para encubrir y movilizar fondos provenientes de sobornos.
Entre los más de 20 imputados figuran exministros, exdiputados y altos funcionarios. Entre ellos:
Los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela también están vinculados al expediente, aunque por su condición deberán ser procesados en la Corte Suprema de Justicia.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, también deben ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia por ser diputados del Parlacen. Mismo motivo para el expresidente Varela debe ser juzgado por la Corte.
El esquema de sobornos permitió a Odebrecht adjudicarse algunos de los proyectos más grandes del país, entre ellos:
En Curundú, por ejemplo, la Fiscalía documentó sobrecostos y facturación inflada en materiales como tuberías, que fueron declaradas como importadas a precios elevados cuando en realidad se adquirieron localmente a menor costo. La diferencia, según los fiscales, terminó en manos de intermediarios del esquema de sobornos.
El juicio ha sido suspendido en al menos cinco ocasiones desde que fue fijado por primera vez en julio de 2024. Certificados médicos, ausencias de imputados y la falta de documentación desde Brasil han sido las principales causas de los aplazamientos.
Ahora, este lunes 12 de enero de 2026 se presenta como la fecha decisiva para que finalmente Panamá enfrente en juicio el entramado de corrupción de Odebrecht, uno de los casos más emblemáticos y esperados por la ciudadanía.