Choque de propuestas legislativas sobre calumnia e injuria: despenalización vs. endurecimiento de penas
Asamblea Nacional
Dos propuestas legislativas sobre un mismo tema, pero con enfoques diferentes, se encuentran sobre la mesa de debate del Legislativo.
Panamá/El debate sobre los delitos de calumnia e injuria en Panamá está ahora sobre la mesa de la Asamblea Nacional, con la presentación de dos propuestas legislativas diametralmente opuestas.
Por un lado, el abogado Ernesto Cedeño propuso esta tarde despenalizar estos delitos, argumentando que deben ser tratados en la esfera civil. Mientras que, el lunes, el diputado Jamis Acosta, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido oficialista, Realizando Metas, busca duplicar las penas de prisión para quienes incurran en estos delitos.
Estas dos iniciativas representan visiones contrastantes sobre la protección de la libertad de expresión y la salvaguardia de la honra y la reputación de los individuos.
Despenalización
En el anteproyecto del diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, presentado hoy en el pleno de la Asamblea, se argumenta que la penalización de la calumnia e injuria es una herramienta que puede ser utilizada para coartar la libertad de expresión, especialmente en el ámbito político y periodístico. De acuerdo a Cedeño, la posibilidad de enfrentar una pena de prisión inhibe a los ciudadanos y periodistas de hacer críticas legítimas, afectando el debate público. "La cárcel no es el lugar para quienes ejercen su derecho a opinar o criticar", ha afirmado Cedeño en varias intervenciones.
Lea aquí la propuesta:
Su propuesta apunta a despenalizar los artículos 193, 194 y 195 del Código Penal, que regulan las sanciones por calumnia e injuria. Estas infracciones, de acuerdo a la propuesta, serían tratadas en tribunales civiles, donde las víctimas podrían buscar compensaciones económicas o disculpas públicas, pero sin recurrir a penas de prisión. Este enfoque sigue el modelo de varias democracias occidentales, donde estos delitos no conllevan penas privativas de libertad, sino que se resuelven a través de demandas civiles.
La despenalización, según Cedeño, fortalecería el ejercicio de la libertad de prensa, promoviendo una cultura de mayor apertura y crítica sin el temor a represalias judiciales desproporcionadas.
La protección de la honra debe ser equilibrada con la protección de los derechos fundamentales, y la calumnia e injuria no deben ser excusa para silenciar voces críticas", ha subrayado el abogado".
Endurecimiento de penas
Por su parte, el diputado Acosta ha presentado una propuesta completamente opuesta. Su iniciativa no solo rechaza la despenalización, sino que busca endurecer las penas para quienes incurran en calumnia e injuria, duplicando las sanciones actuales.
Lea aquí la propuesta:
El anteproyecto de Acosta propone modificaciones al Código Penal, particularmente en el artículo 195, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social oral o escrito, o utilizando un sistema informático, será sancionado, en caso de injuria, con prisión de 12 a 24 meses o su equivalente en días multa, y tratándose de calumnia, con prisión de 24 a 48 meses o su equivalente en días multa”.
Acosta defiende su propuesta señalando que la calumnia e injuria pueden causar daños irreparables a la reputación de las personas, y que las sanciones actuales son insuficientes para disuadir a los infractores, especialmente en el contexto de las redes sociales.
No podemos permitir que las redes sociales se conviertan en un campo libre para la difamación y el ataque a la honra de los ciudadanos”, afirmó Acosta al presentar su proyecto ante la Asamblea".
La propuesta de Acosta incluye la posibilidad de aplicar estas sanciones a usuarios de plataformas digitales, lo que podría tener un impacto significativo en el debate público en redes sociales y otras plataformas en línea. Para los críticos de esta propuesta, endurecer las penas tendría un efecto inhibidor en la participación ciudadana en estos espacios, fomentando la autocensura por miedo a represalias legales.
El choque de visiones
El choque entre las dos propuestas es evidente. Mientras que Cedeño aboga por una mayor libertad para la expresión crítica, Acosta ve necesario endurecer las penas para proteger la reputación de los ciudadanos frente a los abusos en redes sociales. El futuro de la regulación sobre calumnia e injuria en Panamá depende de cómo se resuelva esta dicotomía.
Ambas propuestas subrayan la importancia de proteger tanto la libertad de expresión como la dignidad y honra de los individuos.
¿Se optará por un sistema más abierto y flexible, o se reforzarán las sanciones en nombre de la protección del honor personal? Esto lo determinará el proceso legislativo.
Ambas iniciativas legislativas presentadas esta semana ante el pleno de la Asamblea Nacional deben ser discutidas en una primera instancia en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
