Martín Torrijos se refiere al sistema de pensiones de la CSS y la revisión de las concesiones públicas

Ciudad de Panamá/El debate sobre el futuro del sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) y la revisión de los contratos de concesiones de servicios públicos continúan situándose con importancia en la agenda social y económica del país.

Sobre estas materias, el expresidente de la República, Martín Torrijos, reaccionó en Noticias AM a las decisiones adoptadas en administraciones pasadas y a las reformas que considera urgentes para la economía nacional.

Debate sobre la CSS y las jubilaciones

Ante las inquietudes manifestadas por diversos sectores de la ciudadanía respecto a los rendimientos del sistema de pensiones y las garantías de las jubilaciones futuras, Torrijos sostuvo que la problemática de la Caja de Seguro Social (CSS) antecede a las decisiones legislativas de las últimas décadas.

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Al referirse a la Ley 51 de 2005, el exmandatario explicó que la reforma adoptada en aquel momento respondió a un escenario donde la viabilidad financiera del sistema solidario se encontraba en riesgo.

De acuerdo con su postura, el establecimiento del modelo mixto fue el resultado de una mesa de diálogo que integró a más de 14 sectores sociales, entre ellos gremios docentes, trabajadores, empresarios y agrupaciones religiosas.

Torrijos señaló que la normativa contemplaba salvaguardas y mecanismos de fiscalización periódicos que debían ser ejecutados en los años posteriores, tales como:

• Evaluaciones técnicas a cargo de una Junta Técnica Actuarial.
• Informes anuales dirigidos a la junta directiva de la institución y al Órgano Ejecutivo.
• La constitución de un fideicomiso destinado a contrarrestar posibles déficits en el subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Torrijos enfatizó que la preservación financiera del sistema de pensiones dependía de la continuidad de estas revisiones y del rendimiento de las reservas financieras por parte de las gestiones posteriores.

Fiscalización de concesiones

En el ámbito de la infraestructura y la prestación de servicios, Torrijos se mostró a favor de realizar una auditoría integral a los contratos de concesiones de servicios públicos, con especial atención en áreas como el sector eléctrico, la telefonía y la administración de los puertos.

A su juicio, la estructura de los entes reguladores ha presentado deficiencias históricas al no priorizar adecuadamente los derechos de los consumidores.

En ese sentido, Torrijos planteó la necesidad de reevaluar las condiciones de los contratos vigentes para asegurar que el Estado obtenga una retribución económica justa y que los usuarios reciban tarifas eficientes.

Finalmente, al abordar el contexto económico general, subrayó que los esfuerzos del país deben dirigirse a solucionar problemas cotidianos que afectan de manera directa a la población, tales como el desempleo, la falta de acceso a agua potable, la inseguridad y el alto costo de la vida.

Los planteamientos de Torrijos forman parte de las propuestas que busca consolidar a través del colectivo político Unidos para una Nueva Era (UNE), actualmente en fase de trámites ante la autoridad electoral.