Minera Panamá: Economista destaca importancia de definir controles y uso de recursos de la mina

El analista insistió en que la ciudadanía debe tener herramientas para fiscalizar el uso de los recursos provenientes de la actividad minera.

Negociación minera debe traducirse en beneficios tangibles y fiscalizables, plantea economista / Redacción de TVN Noticias

El anuncio del inicio de conversaciones entre el Gobierno y Minera Panamá representa un paso importante para dar claridad sobre el futuro del proyecto Cobre Panamá y reducir la incertidumbre que generan los arbitrajes internacionales sobre las finanzas del país, consideró el economista Erick Molino Ferrer.

A su juicio, uno de los principales aspectos planteados por el presidente José Raúl Mulino es la necesidad de maximizar los beneficios económicos para Panamá, bajo el principio de que los recursos minerales pertenecen al país y que la soberanía del Estado debe prevalecer sobre los intereses de cualquier empresa.

Molino Ferrer señaló que el reto será establecer un mecanismo que permita traducir los ingresos de una eventual actividad minera en beneficios directos y tangibles para la población. Mencionó que los panameños deben poder identificar cómo esos recursos contribuyen a resolver problemas relacionados con el acceso al agua, la salud y la educación.

El economista también consideró importante que las conversaciones se desarrollen sin la presión de los arbitrajes internacionales, debido al impacto que posibles indemnizaciones podrían tener sobre las finanzas públicas. Recordó que agencias como Moody's habían señalado la necesidad de tener claridad sobre el rumbo que tomaría el Gobierno frente a este tema.

Sobre el mecanismo legal que respaldaría un eventual acuerdo, indicó que todavía debe definirse el modelo bajo el cual se establecería una nueva relación con la empresa, así como los controles estrictos y los mecanismos de verificación pública que garanticen el cumplimiento de las condiciones planteadas por el Ejecutivo.

El analista insistió en que la ciudadanía debe tener herramientas para fiscalizar el uso de los recursos provenientes de la actividad minera. Como referencia, mencionó que no basta con generar ingresos para el Estado, sino que estos deben reflejarse en mejores condiciones de vida para las comunidades y contribuir al desarrollo sostenible, sin descuidar la protección ambiental.

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