María la Caprichosa
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Panamá avanza en la ratificación de tres convenios internacionales de cooperación judicial
Las iniciativas deberán ser presentadas ante la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.
El Consejo de Gabinete aprobó tres proyectos de ley que buscan incorporar a Panamá a mecanismos internacionales de cooperación jurídica en materia de pensiones alimenticias, obtención de pruebas y notificaciones judiciales en el extranjero.
Se trata de los proyectos de ley 37-26, 38-26 y 39-26, relacionados con tres convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que establecen procedimientos para facilitar la cooperación entre países en asuntos legales con componentes internacionales.
Las iniciativas deberán ser presentadas ante la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.
Convenio para el cobro internacional de pensiones alimenticias
El proyecto de ley 37-26 corresponde al Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, adoptado el 23 de noviembre de 2007.
Su ratificación permitirá a Panamá incorporarse a un sistema de cooperación entre autoridades de distintos países para facilitar el cobro internacional de pensiones alimenticias, así como el reconocimiento y la ejecución de decisiones relacionadas con estas obligaciones.
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De acuerdo con la exposición de motivos, el convenio busca fortalecer la protección de los derechos humanos, especialmente el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y facilitar mecanismos de cooperación para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando las partes se encuentran en distintos países.
Facilitarán la obtención de pruebas en el extranjero
El proyecto de ley 38-26 se refiere al Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, adoptado el 18 de marzo de 1970.
Este instrumento busca armonizar los procedimientos para obtener pruebas entre distintos sistemas jurídicos, reducir obstáculos procesales y agilizar la tramitación de casos que involucren a más de un país.
Su ratificación también contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica mediante reglas claras para realizar diligencias probatorias en el extranjero.
La exposición de motivos destaca la importancia de este mecanismo para Panamá, debido a su papel como centro logístico, financiero y comercial, donde pueden surgir controversias que requieran la obtención de pruebas fuera del territorio nacional.
Buscan agilizar las notificaciones judiciales internacionales
El proyecto de ley 39-26 corresponde al Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, adoptado el 15 de noviembre de 1965.
Este convenio establece un marco jurídico común para facilitar la transmisión y notificación de documentos judiciales y extrajudiciales cuando deban entregarse en otro país.
La medida busca mejorar la coordinación entre los Estados y permitir que estas diligencias se realicen de forma más eficiente y segura, especialmente en procesos civiles y comerciales con elementos internacionales.
En conjunto, los tres proyectos apuntan a fortalecer la cooperación jurídica internacional de Panamá, facilitar los procedimientos judiciales transfronterizos y mejorar los mecanismos de asistencia entre autoridades de distintos países.
