Panamá es denunciado ante la CIDH por retención del 6.75% a jubilados y pensionados
La denuncia fue presentada por el abogado Martín Jesús Molina, tras publicarse el pasado 12 de noviembre de 2025, en la Gaceta Oficial No. 30403-B, el fallo emitido por la CSJ.
Panamá/Panamá fue denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara que es constitucional la retención del 6.75% del monto bruto mensual a los jubilados y pensionados.
La denuncia fue presentada por el abogado Martín Jesús Molina, tras publicarse el pasado 12 de noviembre de 2025, en la Gaceta Oficial No. 30403-B, el fallo emitido por la CSJ.
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Entre los argumentos expuestos por el jurista se encuentran el derecho a la seguridad social, la protección contra la afectación arbitraria de los medios de subsistencia y el derecho a un nivel de vida adecuado.
La retención del 6.75% del monto bruto mensual de las pensiones, en el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, que modifica la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, fue reconocida por el máximo tribunal panameño, que declaró que la norma no es inconstitucional”, precisó Molina en su escrito.
El abogado también señala que el fallo omite considerar que la Constitución Política de Panamá, en su numeral 4, establece que el país acata las normas del derecho internacional. Recordó además que Panamá es signatario de instrumentos internacionales que consagran el derecho a la seguridad social como un derecho humano fundamental, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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En sus pretensiones, Molina solicita a la CIDH que declare responsable al Estado panameño por la violación de los derechos humanos de los jubilados y pensionados, y que inste al país a derogar o modificar el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 462.
Además, pide que el Estado reintegre los montos retenidos de manera indebida a las pensiones afectadas, con los intereses legales correspondientes, y que se comprometa a armonizar la legislación interna con los estándares internacionales de derechos humanos.