Conozca el perfil de los jueces elegidos para el juicio al expresidente Martinelli

Los jueces que estarán a cargo del juicio oral al expresidente Ricardo Martinelli ya fueron seleccionados. Fueron escogidos al azar, en un intento de garantizar imparcialidad.

El juez presidente será Roberto Tejeira, que en 2009, fue nombrado como asesor en el Ministerio de Gobierno y Justicia por el expresidente Ricardo Martinelli.

Posteriormente, fue secretario general y vicegobernador de Panamá, un cargo que responde directamente al Ejecutivo.

Tejeira participó en el proceso de separación del cargo al exalcalde de Chame, Euclides Mayorga en 2013.

Arlene Caballero será la juez relatora. Anteriormente, fue coordinadora de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del Órgano Judicial (OISPA) y luego fue secretaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante la presidencia de José Ayú Prado.

Como se recordará, Ayú Prado fue nombrado Procurador de la Nación y posteriormente magistrado de la Corte por Martinelli. Ayú Prado se declaró impedido en el caso de pinchazos telefónicos.

El tercer juez será Raúl Vergara, que fue Juez Octavo de Circuito Penal de Panamá. En ejercicio de esas funciones, dictó la sentencia condenatoria al colombiano José Nelson Urrego, por blanqueo de capitales.

Como magistrado suplente del Segundo Tribunal, firmó el fallo que condenó al periodista Rubén Polanco por calumnia e injuria en el año 2012. La condena fue anulada al año siguiente ya que se determinó que Vergara, no sustentó en forma correcta el fallo condenatorio.

Las partes involucradas en el caso tienen un plazo de diez días para presentar recurso de recusación, pidiendo la separación de los jueces escogidos, por conflicto de intereses.

Martinelli debe ir a juicio por el caso de los pinchazos telefónicos el 12 de marzo próximo ante la justicia ordinaria en el Sistema Penal Acusatorio. Se le acusa de cuatro delitos: inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, peculado, abuso de autoridad y contra la seguridad informática. La fiscalía solicitó 21 años de prisión.