Sancionan ley que combate el desperdicio de alimentos y promueve la seguridad alimentaria

Panamá/Panamá cuenta desde ahora con una nueva herramienta legal para enfrentar el desperdicio de alimentos y mejorar el acceso a la alimentación. El Ejecutivo sancionó el Proyecto de Ley 396, aprobado previamente en la Asamblea Nacional, que establece medidas para la prevención de pérdidas de alimentos y la promoción de la seguridad alimentaria.

La normativa crea un marco integral que busca intervenir toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumo, con énfasis en la redistribución y el aprovechamiento responsable.

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De acuerdo con el texto legal, “esta Ley tiene como objetivo establecer, actualizar e implementar el marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, el cual se enfocará en el fortalecimiento, educación, concienciación y movilización de todos los actores involucrados en la cadena de suministro de alimentos”.

Además, la ley promueve incentivos económicos y fiscales, así como medidas sostenibles que permitan garantizar el acceso a alimentos en condiciones seguras y adecuadas.

Uno de los ejes principales es el rol del Ministerio de Salud, que deberá velar por las condiciones sanitarias de los productos rescatados. “El Ministerio de Salud deberá garantizar la seguridad, inocuidad y calidad de los alimentos rescatados, en cumplimiento con las normas nacionales de salud pública”.

Entre sus objetivos, la normativa establece acciones concretas para transformar el manejo de alimentos en el país. El documento señala que se busca “fomentar el derecho pleno a la alimentación para asegurar el acceso a una nutrición adecuada que permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”.

También plantea “evaluar y cuantificar las pérdidas y desperdicios de alimentos en cada etapa de la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo” y “evitar, disminuir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en todo el territorio nacional, mediante prácticas sostenibles y responsables”.

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La ley impulsa además cambios en el modelo productivo y ambiental, promoviendo acciones como “apoyar la lucha contra el cambio climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que genera el desperdicio de alimentos producidos no consumidos”.

En el plano social, la normativa apuesta por fortalecer la redistribución de alimentos y la educación ciudadana. En ese sentido, establece que se debe “educar a la población sobre el consumo responsable y el aprovechamiento total de los alimentos para reducir el desperdicio y mejorar la nutrición”.

El impacto de esta ley también se reflejará en el sector empresarial, al permitir reducir pérdidas operativas y fomentar prácticas de economía circular, mientras que organizaciones sociales podrán ampliar su capacidad de atención con un flujo más constante de alimentos.

En este escenario, el Banco de Alimentos Panamá se proyecta como un aliado estratégico para la implementación, gracias a su experiencia en rescate y redistribución, así como sus protocolos de inocuidad.

La sanción de esta ley marca un paso en la política pública alimentaria del país, con el reto de traducir sus disposiciones en resultados concretos frente al hambre y el desperdicio.