En la India este domingo, se probó con éxito un nuevo misil antibalístico capaz de interceptar objetivos fuera de la atmósfera terrestre.

La policía de Colombia, ofreció el lunes una recompensa de 38.200 dólares por datos que lleven a la captura de un hombre sospechoso de atacar a una mujer lanzándole ácido al cuerpo, el segundo caso en menos de 10 días en Bogotá y que ha ganado la atención de los medios.El director de la policía nacional, general Rodolfo Palomino, dijo a reporteros que la recompensa es para quien aporte información que lleve a la captura del atacante de una mujer el 5 de abril en la localidad de Bosa, una barriada del sur de la capital colombiana.El hombre, identificado con el alias de Jairo, "podría ser la persona que causó estas lesiones" a Inés Carrillo, de 47 años, dijo el oficial, al indicar que el atacante habría trabajado con la mujer hasta hace un mes aproximadamente.Aún no se ha determinado el tipo de ácido que le lanzó el desconocido a Carrillo por la espalda el sábado cuando la mujer estaba abriendo las rejas de un pequeño local de comida de su propiedad, indicó en diálogo telefónico con The Associated Press el coronel Juan Carlos Vargas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. La mujer es atendida en el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar, del sur capitalino.Este es al menos el segundo ataque de este tipo desde que el 28 de marzo otro hombre lanzó ácido al rostro y cuerpo de Natalia Ponce de León, de 33 años, a las puertas de su residencia en el norte de Bogotá. El caso conmovió a la ciudad al divulgarse un video de seguridad donde se ve a un hombre esperándola durante varios minutos cerca de la residencia y luego cuando le lanza el líquido y por las narraciones de familiares y médicos sobre la gravedad de las quemaduras.El atacante de Ponce de León, por quien también se ofreció una recompensa de 38.200 dólares, fue capturado en Bogotá el 4 de abril y se le imputarán cargos por tentativa de homicidio debido a la gravedad de las lesiones, un delito que podría ser castigado con 18 años de prisión, según ha indicado el vicefiscal general Jorge Perdomo.