Gerardo Solís, contralor general de la República se dirigió a la Asamblea Nacional para presentar la vista presupuestaria de la entidad para la vigencia de 2024.

Unas 567 auditorías mediante resolución motivada fueron ordenadas por la Contraloría General de la Nación , durante la actual administración.

Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo informó que comenzó un proceso de quejas en contra de varias empresas de transmisión de energía eléctrica y solicita a la Contraloría General de la República emprender una auditoría integral. “Por la supuesta vulneración a los Derechos Humanos y del Objetivo de Desarrollo Colectivo No.7 que indica garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos” , es parte de lo que señalaban en dicho comunicado sobre los motivos que los llevaron a abrir este proceso.  Uso racional de energía: ¿Sabe cómo puede reducir su factura de consumo eléctrico? Agregaron que, por medio de una nota, la institución solicitó que dicha auditoría se realice a las siguientes empresas que se mantienen operando a nivel nacional: Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) ha pasado sin inconvenientes por las auditorías que la FIFA y la Concacaf han hecho en los últimos cuatro años. 

La iniciativa que tiene como objetivo promover, en todos los niveles, un proceso transparente y efectivo de rendición de cuentas sobre usos de los recursos disponibles, identificando los riesgos y agregando valor a las operaciones gubernamentales, entró a estudio y análisis en la subcomisión de Economía y Finanzas conformada por los diputados Ariel Alba, Dalia Bernal y otros.

El contralor general de la República, Gerardo Solís, confirmó este martes 26 de julio, que ya está realizando una auditaría a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachí).

La diputada Ana Matilde Gómez sostuvo que Panamá necesita “a gritos” una constituyente y que se haga la reforma integral del sistema político panameño porque está en crisis.

Ovidio Díaz, excandidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) pide que se condene a quienes hicieron mal manejo del dinero del Estado, tal como revelaron las auditorías de la Contraloría.

La diputada independiente, Ana Matilde Gómez, aseguró que “no tiene botellas”, por lo que pide al contralor de la República, Federico Humbert que audite su planilla.

La Ministra de Educación ordenó auditar el programa Panamá Bilingüe. La revisión también incluirá los conocimientos que adquirieron los docentes en el entrenamiento internacional.

Una auditoria médica ordenó el director de la Caja Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, en la policlínica Dr. J.J. Vallarino, luego que circularan en redes sociales algunos videos denunciando una supuesta falta de atención del personal a una persona que tras llegar a estas instalaciones falleció.

El viceministro de la Presidencia, Carlos García Molino, reunió a los auditores internos de entidades del Gobierno Nacional, donde destacó la obligación de rendir cuentas.

La Contraloría General de la República ordenó realizar una auditoría a las cuentas, contratos y adendas de empresa Motores Internacionales, S.A. encargada del Puerto Manzanillo en Colón.

De acuerdo a la norma solo podrán obtener copias de documentos o certificaciones que versen sobre informes de auditoría las personas que sean parte o estén relacionadas con la misma y autoridades competentes.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales básicas, fue evidenciado en el contrato A-2017-12, del 17 de mayo de 2013, suscrito entre el Estado y Panama Canal Colon Ports o Panama Colon Container Ports, (PCCP), a través de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República. En un comunicado de prensa la Contraloría enumeró los siguientes incumplimientos:

La fiscal general de Cuentas, Waleska Hormechea, solicitó una auditoría especial al contralor general de la República, Gerardo Solís. sobre los subsidios otorgados a los albergues que están bajo la tutela del Estado.

El Estado panameño a través de la Autoridad Marítima exige a Panamá Ports el pago de $91 millones; de los cuales solo han pagado $8 millones.

Siguen surgiendo las reacciones, luego de que la Contraloría General de la República presentara una auditoría sobre la empresa Panama Ports Company (PPC), que comprende un periodo de 23 años y 5 meses, y en la que se concluye que cumplió con el contrato, por lo que podría extenderse la concesión por 25 años más.

El Ministerio de la Presidencia ha anunciado la contratación de la empresa BDO Audit, S.A. para validar el cumplimiento de lo establecido en cuanto a la ejecución de los fondos asignados al objeto de gasto de Emergencia Nacional, según lo estipulado y de acuerdo a las normas legales emitidas.

Tras una lesión patrimonial que asciende a los 24 millones de dólares, la Fiscalía General de Cuentas adelanta las diligencias propias de las investigaciones del proceso de compensación denominado, Rescate Administrativo del Sistema de Movilización Masiva de Pasajeros en los Distritos de Panamá y San Miguelito, mejor conocido como “Diablos Rojos”.