Este intercambio de declaraciones ha puesto nuevamente el foco sobre la relación entre el Estado panameño y las concesionarias de puertos, generando inquietudes sobre la transparencia y el cumplimiento de los contratos.

Los cuestionamientos se centran en los gastos que estas entidades habrían incurrido para sufragar los costos de transporte, viáticos, vestimenta y alimentación de autoridades y funcionarios públicos que participaron en el evento.