El organismo internacional calificó la crisis como un crimen de guerra y pidió un alto el fuego inmediato, liberación de rehenes y acceso humanitario sin restricciones.

El 30 de junio, tras más de dos meses de tensión, disturbios y cierre de vías, las comunidades que mantenían bloqueados los accesos hacia Bocas del Toro alcanzaron finalmente un acuerdo con las autoridades y decidieron reabrir los accesos.