El decreto 1789, firmado los ministros de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, y de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, entró en vigor el pasado 2 de noviembre de 2017, según el documento publicado en la web de la Presidencia.

La norma establece un arancel de 40 % a las importaciones de prendas de vestir cuando el precio declarado sea inferior o igual a 10 dólares por kilo, y de 35 % para calzados con precios que oscilen entre 6 y 10 dólares por par.

El 2 de noviembre del año pasado, el Gobierno defendió las medidas aprobadas en ese entonces para combatir el contrabando y la subfacturación de confecciones y calzado al indicar que cumple con el fallo de la OMC en una controversia con Panamá.

Colombia empezó en 2012 a aplicar aranceles de 10 % a los calzados y textiles provenientes de la panameña Zona Libre de Colón (ZLC), por lo que Panamá acudió a la OMC, que falló a su favor.

El Gobierno colombiano apeló la decisión, pero a mediados de 2016 la OMC lo confirmó.

La cartera de Comercio aseguró en noviembre del año pasado que dejó de aplicar el arancel mixto establecido para las importaciones de confecciones y calzado, que fue encontrado incompatible por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC en el caso con Panamá, por exceder en algunos casos el arancel máximo consolidado permitido.

Además, indicó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) aplicará estrictos controles aduaneros para mercancías con precios de importación ostensiblemente bajos.

Panamá expresó en ese entonces su rechazo a las medidas, al advertir que "incumplen nuevamente tanto sus obligaciones" como miembro de la OMC, "como lo dispuesto en los fallos del Órgano de Solución de Controversias sobre el arancel mixto y las restricciones sobre puertos de entrada" demandados por ese país.