Duterte defiende su 'eficaz' gestión de la pandemia entre protestas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, prometió el lunes "medidas urgentes" para paliar la grave crisis económica que ya se siente en el país debido a la pandemia de COVID-19, cuya gestión defendió como "rápida" y "eficaz", mientras sus críticos la consideran caótica y errática.

Duterte defendió que la "rápida respuesta" de su administración a la pandemia -algo muy cuestionado ya que los primeros casos importados en el país se registraron en enero- ha evitado que entre 1,3 y 3,5 millones de personas se contagien de COVID-19 en Filipinas.

Hasta la fecha se han reportado 82.040 casos -56.649 todavía activos- y casi 2.000 muertes, uno de los saldos más elevados del Sudeste Asiático.

"La escala global y el impacto socioeconómico de la pandemia no han tenido precedentes. Sin embargo, en medio de la emergencia sanitaria mundial, hemos resistido los vientos en contra generados por este coronavirus", afirmó Duterte en su discurso anual sobre estado de la nación ante una audiencia reducida de miembros de su gabinete y congresistas por las medidas preventivas por COVID-19.

El presidente puso casi todo el país en cuarentena el pasado 15 de marzo, uno de los confinamientos más estrictos y largos del mundo, que frenó en seco la actividad económica y dejó 5 millones de nuevos desempleados solo en el primer mes.

Ayuda a los más pobres

Ante esta situación, el mandatario defendió sus políticas de atención a los más desfavorecidos para paliar la crisis y aseguró que 4,3 millones de familias pobres se han beneficiado de los programas de ayuda, de las que el 92 % ya han recibido los subsidios en metálico.

Sin embargo, críticos del gobierno y organizaciones humanitarias han lamentado que esa ayuda económica no es suficiente para mitigar casi cinco meses de parón económico y que los subsidios no han alcanzado a todos los filipinos que se han quedado sin un medio de vida en uno de los países más desiguales del mundo con un índice de pobreza del 16,6 %.

La pandemia ya hizo que la economía filipina se contrajera en el primer semestre por primera vez desde 1998 -después de crecer por encima del 6 % en la última década- y se espera que caiga hasta un 3,6 % para final de año, mientras que el número de desempleados podría alcanzar los 10 millones.

"Nuestra posición fiscal es sólida y nuestro sistema bancario robusto. Estamos en una mejor situación para capear la crisis causada por la pandemia", aseguró el presidente, quien no ofreció muchos detalles sobre su "ambicioso" plan económico para salir de la crisis, más allá de que se apoyará en su programa de infraestructuras, en el turismo y en la concesión de créditos blandos a empresas.

Poderes especiales

Para acometer su plan de estímulo económico, el presidente pidió al Congreso aprobar una nueva versión de la ley que le otorga poderes especiales para modificar partidas de los presupuestos e incluso intervenir empresas que ofrecen servicios públicos.

Las dos cámaras legislativas -ampliamente dominadas por aliados del presidente- ya aprobaron de urgencia una ley similar en marzo, cuando se declaró la pandemia, pero ésta expiró a finales de junio.

Hasta la fecha, el gobierno ha liberado 7.500 millones dólares para financiar la respuesta a la COVID-19, de los que 4.150 millones -alrededor del 1 % del PIB de 2019- se han destinado a ayudar a las familias más pobres, mientras que 1.000 millones han ido a parar a los nuevos desempleados.

Al margen de la pandemia, el presidente insistió en el éxito de su sangrienta campaña contra las drogas y en la necesidad de aprobar la pena de muerte para atajar en narcotráfico, "el mayor problema de Filipinas junto con la corrupción".

Protestas con restricciones

El discurso del estado de la nación estuvo acompañado de manifestaciones en las calles de diversos grupos de la sociedad civil, que en esta ocasión protestaron por las políticas cada vez más represivas de la administración Duterte, cuya respuesta a la pandemia ha estado marcada por la militarización y la estricta cuarentena que ha agravado la pobreza.

Sin embargo, con el pretexto de las medidas de seguridad por Covid-19, las autoridades no permitieron que las protestas se produjeran, como cada año, en los exteriores del Congreso -donde el presidente pronuncia su discurso-, decisión que causó profundo malestar entre los manifestantes, quienes optaron por manifestarse en el campus de la Universidad de Filipinas.

Cientos de personas, la mayoría militantes de grupos de izquierda, sindicatos y organizaciones estudiantiles, lograron congregarse allí, aunque la presencia policial en los accesos al campus fue notable y al menos 34 personas fueron detenidas por supuestamente violar las normas de distancia social.

"Los esfuerzos para prohibir las protestas y establecer controles policiales para evitar que el público se una a las acciones masivas fueron signos de un régimen tiránico encogido ante el clamor creciente y unido del pueblo para resistir el gobierno sanguinario de Duterte", lamentó Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan, red nacional de organizaciones de derechos humanos.

Además de lo que consideran una mala gestión de la pandemia, los manifestantes también se quejaron por la polémica ley antiterrorista (se teme que sirva de excusa para silenciar el disenso político), y el cierre de ABS-CBN, el mayor medio de comunicación del país y la televisión más antigua del Sudeste Asiático tras haber estado en el foco de las críticas del presidente.