Exgobernador puertorriqueño no será acusado por caso que lo llevó a dimitir

Los Fiscales Especiales Independientes (FEI) que investigan a funcionanarios públicos en Puerto Rico no encontraron pruebas suficientes para acusar al exgobernador Ricardo Rosselló y su círculo más cercano en el caso del chat de Telegram que desembocó en su renuncia, aunque matizaron que hubo limitaciones de investigación en el expediente que mandó el Departamento de Justicia.

Los fiscales de la FEI a cargo de la investigación entendieron que no existía la intención criminal o negligencia requerida para sostener acusaciones penales contra los integrantes del chat, pero dejaron clara la situación que les llegó del informe de Justicia, que fue la base para su decisión.

La FEI refirió a uno de los integrantes del polémico chat, Elías Sánchez Sifonte, a la Oficina del Procurador General para el proceso, por su implicación en un caso que supuso un escándalo político sin precedentes en el verano de 2019 que terminó con la dimisión de Rosselló, tras la presión en la calle de los puertorriqueños, indignados por el contenido, que incluía insultos y mofa a figuras públicas y distintos colectivos.

La resolución de la FEI matiza que el Código Penal no permite interpretaciones fuera de lo establecido estatutariamente de forma específica.

"El ámbito que ejercemos nos priva de actuar con la emoción, el enfado o con sentimiento, si no, con la razón, la convicción y la pureza de los procedimientos legales. De otra manera, sería torcer el precepto de la ley, lacerando como han intentado muchos en posiciones de alta jerarquía, la confianza en el sistema de justicia del país", indica la resolución.

A pesar de todo, la resolución matiza que no hay prueba de la comisión de delito que conlleve la presentación de cargos criminales, menos aún con el "quántum" requerido de más allá de duda razonable.

Los fiscales Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz fueron los responsables de la investigación, que supuso la entrevista a más de una veintena de testigos.

El Departamento de Justicia refirió este caso al FEI el pasado enero, a través de un informe que fue clave para la decisión de los fiscales especiales que se hacen cargo de los casos en los que están implicados funcionarios públicos.

El siguiente paso incluye que el FEI envíe a la Oficina de Ética Gubernamental el resultado de su investigación.

El caso de Sánchez Sifonte fue referido a la Oficina del Procurador General por la posible infracción del Código de Ética de la Profesión de Abogados al haber intervenido en un asunto gubernamental.

El controvertido chat de Telegram, de cerca de 900 páginas, provocó en julio de 2019 la renuncia de Rosselló y del resto de implicados ante la presión provocada por manifestaciones multitudinarias debido a la indignación por el contenido.

Las cerca de 900 páginas incluían insultos homofóbicos y machistas, además de comentarios sobre asuntos público sin ningún tipo de sensibilidad, como, por ejemplo, los fallecidos por el huracán María de 2017 y la acumulación de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses.

Además se criticaba e insultaba a figuras públicas y de la política puertorriqueña como la mediática alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que hoy mostró su desacuerdo y asombro con la determinación de la FEI.