Gobierno de Nicaragua pide reanudación del diálogo aunque mantiene represión
El Gobierno de Nicaragua pidió hoy la reanudación del diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica local, a la vez que incumplió con el cese de la represión, que los obispos mediadores han establecido como requisito básico para su continuidad.
En su alocución de este jueves, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, dijo estar "pidiéndole a Dios por el diálogo", que sean "capaces de sentarse con humildad a trabajar por Nicaragua".
Murillo brindó sus declaraciones horas después de que las "fuerzas combinadas" del Gobierno atacaron al pueblo indígena de Monimbó, en Masaya, acecharon la ciudad de Granada, y mientras disparaban contra otros civiles en las afueras de Managua.
De cualquier manera, el diálogo nacional, suspendido el lunes por la incapacidad del Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos, será reanudado después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presente un informe sobre la crisis de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA, dijo el cardenal Leopoldo Brenes.
"Esa es nuestra petición, ese es nuestro clamor, esa es nuestra rogativa intensa, permanente, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestro país", agregó Murillo.
La vicepresidenta no especificó si el Gobierno volverá a la mesa del diálogo con lo que su contraparte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ha llamado "tácticas para no discutir la democratización de Nicaragua".
El miércoles el Gobierno dio el primer paso positivo respecto al diálogo tras más de un mes, como fue cumplir con el compromiso de invitar a la CIDH, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Unión Europea, para que investiguen las violaciones a los derechos humanos, por solicitud de la Alianza Cívica.
Nicaragua lleva más de dos meses sumergida en una crisis sociopolítica que se ha cobrado unas 200 vidas, la más sangrienta desde 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
