Procuraduría rechaza denuncia de corrupción contra expresidente de Costa Rica
La Procuraduría de la Ética Pública de Costa Rica desestimó una denuncia presentada contra Luis Guillermo Solís por un caso de aparente tráfico de influencias conocido como "el cementazo", lo que el expresidente costarricense (2014-2018) celebró afirmando que siempre actuó con "lealtad" al país.
Medios costarricenses publicaron este martes 29 de mayo extractos de la resolución de la Procuraduría, con fecha del 26 de abril y remitida a la Asamblea Legislativa, órgano que el año pasado estableció una comisión investigadora del caso.
La Procuraduría de la Ética Pública no halló pruebas de que Solís, quien terminó su mandato de cuatro años el pasado 8 de mayo, haya presionado durante su Gobierno a funcionarios públicos para facilitar y agilizar trámites indebidos para la importación de cemento chino del empresario Juan Carlos Bolaños.
"No se logra identificar información que permita vincular al señor Luis Guillermo Solís con la intervención sugerida", además de que "no se cuenta con información que pruebe una participación del señor Presidente de la República en los hechos, y mucho menos que lo involucre en una actuación contraria al deber de probidad", señalan las conclusiones de la Procuraduría.
En sus redes sociales el expresidente Solís reaccionó con "satisfacción" y afirmó: "Siempre estuve seguro de que había actuado con absoluta lealtad a mi país".
"Como siempre lo he hecho, seguiré dispuesto a colaborar plenamente en cualquier otra investigación que quede pendiente, con la confianza de que siempre he actuado con transparencia, apegado al deber de probidad y al servicio de los mejores intereses de Costa Rica", expresó Solís.
En diciembre pasado la comisión legislativa que investigó el caso de supuesto tráfico de influencias emitió su informe final en el que pidió a la Procuraduría de la Ética Pública evaluar el comportamiento de Solís.
La comisión determinó en sus conclusiones que Solís no cumplió con su deber de probidad y que falló al no velar por que la administración de los recursos públicos se ajustara "a los principios de eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente".
Según la Comisión, el entonces mandatario presionó por medio del exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y el diputado oficialista Víctor Morales Zapata a la Dirección General de Aduanas para que se facilitara trámites para sacar de aduanas y nacionalizar el cemento importado por el empresario Juan Carlos Bolaños.
También señaló a Casa Presidencial de presionar al Ministerio de Economía para modificar los reglamentos de importación de cemento.
El caso del "cementazo" tiene que ver con una presunta red de tráfico de influencias que involucra a diputados, funcionarios judiciales, del Poder Ejecutivo y bancarios, para facilitar millonarios créditos al empresario Bolaños y flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.
El empresario Bolaños y algunos funcionarios bancarios se encuentran en prisión preventiva mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones del caso.
El expresidente Solís siempre reconoció que su Gobierno modificó reglamentos de importación de cemento para romper un duopolio existente en el país y ayudar a bajar los precios, y no para beneficiar a un empresario en particular.
