Nueva York demanda a la Administración Trump por llamarla ciudad 'anarquista'

La ciudad de Nueva York demandó este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump por designarla como "jurisdicción anarquista" y por tener como fin último obstaculizar la obtención de fondos federales y suponer un abuso de autoridad, informó el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.

En septiembre, el Departamento de Justicia designó a Nueva York, Seattle (Washington) y Portland (Oregón) ciudades "anarquistas" por permitir "violencia y destrucción de propiedades", según un memorando del presidente Trump tras los altercados por las protestas contra la brutalidad policial.

La demanda se ha presentado conjuntamente con las ciudades de Seattle y Portland en un tribunal del estado de Washington.

De Blasio dijo este jueves que la demanda intenta demostrar que la designación de Trump es "inconstitucional" y es "un movimiento totalmente político que minará la vida de los neoyorquinos" al cortar el acceso a fondos necesarios.

Según el asesor del ayuntamiento de Nueva York James Johnson, la designación pone en riesgo 12.000 millones de dólares en fondos federales para la ciudad y supone una usurpación de poder por parte del Ejecutivo, cuando es el Congreso el que tiene control sobre esos fondos federales.

"(El gobierno federal) está actuando de una forma arbitraria y caprichosa. No hay bases legales ni se basa en hechos para la designación de anarquista, una denominación que utilizan para determinar quién recibe fondos federales", argumentó Johnson.

El gobernador del Estado, Andrew Cuomo, ya amenazó en septiembre con interponer una demanda similar si el presidente Trump decidía recortar fondos federales como represalia por su gestión de la crisis de las protestas raciales, que desde mayo han ocurrido en ciudades de todo el país.

El Gobierno de Trump argumentó para su designación de "anarquista" de Nueva York que se produjo un aumento de la violencia con armas en la ciudad y que el alcalde ha decidido recortar los fondos de la policía en 1.000 millones para destinarlos a programas comunitarios.