Disidente oficialista presidirá el Congreso peruano aupado por el fujimorismo

El fujimorismo volvió a tomar este sábado las riendas del Congreso peruano, al lograr que su candidato, Pedro Olaechea, un disidente del oficialismo, fuera elegido presidente de la mesa para la legislatura 2019-2020, en medio de una crispada coyuntura por las reformas planteadas por el Ejecutivo.

Olaechea, un conservador que entró en el Congreso en 2016 en las listas de Peruanos Por el Kambio (PPK) y que pronto abandonó ese grupo para formar un grupo de derecha llamado Acción Republicana, llegó a la presidencia con 66 votos a favor, casi todos procedentes del grupo fujimorista Fuerza Popular (FP).

FP no presentó candidato y el rival de Olaechea fue el actual presidente, Daniel Salaverry, un fujimorista que dejó el partido y que de un tiempo a esta parte es el enemigo número uno del partido dirigido por Keiko Fujimori.

Salaverry, logró 44 votos procedentes de diversos grupos de centro-derecha, centro, e izquierda.

Olaechea, simpatizante del grupo "Con mis hijos no te metas", contrario a las políticas de igualdad de género y educación sexual, fue la carta que desde inicios de esta semana negoció el fujimorismo para retomar su poder en la mesa directiva.

La lista para la mesa del congreso que llevó Olaechea incluyó a tres vicepresidentes, que son Karina Beteta (Fuerza Popular), el congresistas Salvador Heresi (también disidente de PPK) y Marvin Palma (Cambio 21).

Salaverry armó contra el tiempo su lista, pues solo el pasado jueves logró presentar ante el oficial mayor del Congreso el nuevo y duodécimo grupo parlamentario Unidos por la República, con la que tentó este sábado a una reelección.

Lo acompañaron en su lista heterogénea el congresista César Vásquez (Alianza para el Progreso) como vicepresidente, además de la oficialista Ana María Choquehuanca (Peruanos por el Kambio) y el izquierdista Wilbert Rozas (Frente Amplio).

Recuperar la dirección del Parlamento es clave para el fujimorismo, debilitado con la salida del grupo de Salaverry, presidente durante el último año, así como por la prisión preventiva de su líder Keiko Fujimori, acusada de lavado de activos.

En una coyuntura en la que el Ejecutivo ha marcado la pauta con sus reformas de Justicia y Política, que deben ser debatidas por el Congreso, cuyo ritmo lo marca el presidente, el cargo reviste una importancia cada vez más determinante.

Precisamente este jueves, justo al término de la legislatura, el parlamento aprobó un paquete de proyectos de reforma política sobre los que el primer ministro, Salvador del Solar, planteó cuestión de confianza en junio pasado ante el pleno.

Pese a que el Gobierno anunció que si estas sufrían alguna modificación en esencia, el Congreso introdujo modificaciones en el camino en algunas de ellas, sobre todo en el punto crítico referido a la inmunidad parlamentaria, que el Ejecutivo planteaba sea decidida por el Poder Judicial y ya no por los legisladores.

La fujimorista Rosa Bartra presentó un texto sustitutorio que señaló que los parlamentarios solo renunciarán "a la inmunidad de arresto cuando haya sentencia firme", algo que en la práctica ya se hace actualmente.

El Ejecutivo también pidió cambios en la financiación de los partidos, que se establezca la paridad de género en las listas al Congreso, la obligatoriedad de elecciones internas para elegir a los candidatos y el impedimento para que sentenciados por distintos delitos puedan postular a un cargo público.

Por ello, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, aseguró el jueves que la opción constitucional de disolver el Congreso está en manos del presidente Martín Vizcarra, aunque recordó que solo podría hacerlo durante este año, debido a que la Constitución le impide hacerlo durante el último año de gobierno, que será entre julio de 2020 y julio de 2021.