Presidente peruano evalúa disolver el Congreso si rechaza reformas anticorrupción

El presidente de Perú, Martín Vizcarra.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra. / EFE
29 de mayo 2019 - 22:01

El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció el miércoles que planteará al Congreso una moción de confianza para aprobar sus reformas anticorrupción, en una nueva fase del choque que sostiene con el parlamento opositor que podría acabar con la disolución del Legislativo.

"El gobierno ha decidido presentar al Congreso cuestión (moción) de confianza respecto a las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción", dijo el mandatario en un sorpresivo mensaje a la nación transmitido por radio y televisión desde el Palacio de Gobierno.

"No vamos a retroceder ni un solo paso para sacar adelante estas reformas tan necesarias para el país", agregó Vizcarra, quien apareció acompañado de su gabinete.

En caso de que el Congreso, dominado por una oposición radical populista de derechas, no otorgara la cuestión de confianza el presidente está facultado constitucionalmente para disolverlo y convocar a nuevas elecciones legislativas.

El mensaje de Vizcarra se produce al día siguiente de que la Comisión Permanente del Congreso decidiera archivar una serie de denuncias de presunta corrupción contra el controvertido exfiscal general Pedro Gonzalo Chávarry.

A ello, se sumó la decisión de archivar también una propuesta que buscaba acabar con la inmunidad parlamentaria, entre otras reformas.

"No permitiremos que la lucha contra la corrupción sea vapuleada por unos pocos, que lo único que pretenden es proteger a poderosos", acotó el presidente.

Confianza o disolución

La moción de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente.

En Perú, si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso.

En septiembre de 2017, el actual Congreso ya le negó la confianza a un gabinete por lo que una nueva negativa provocaría que Vizcarra disuelva el Parlamento y convoque a elecciones legislativas en un plazo de cuatro meses.

El gobierno debe entregar formalmente antes del sábado el pedido de "cuestión de confianza" y acto seguido el Parlamento debe programar una fecha para que el jefe de gabinete, Salvador del Solar, exponga las razones del pedido.

Las relaciones entre Vizcarra y el Congreso se encresparon en las últimas semanas, luego de que el mandatario acusara a la mayoría legislativa fujimorista de falta de voluntad para aprobar las reformas destinadas a combatir la corrupción.

Vizcarra impulsa la reforma anticorrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes están salpicados por el escándalo de aportes y sobornos de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.

La empresa ha confesado que repartió millones de dólares entre figuras del poder peruanas, desde presidentes a alcaldes, pasando por candidatos presidenciales, para conseguir contratos de obras públicas.

El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), uno de los investigados, se suicidó en abril cuando iba a ser detenido.

Además, la Fiscalía acusa al exgobernante Ollanta Humala (2011-2016). También se han visto vinculados Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario, y Alejandro Toledo, (2001-2006) que escapó a Estados Unidos y cuya extradición exige la justicia peruana. Habría recibido un soborno de 20 millones de dólares.

Choque de poderes

Los roces entre el Congreso y Vizcarra no son nuevos, pues comenzaron el año pasado, pocos meses después de que éste asumiera el tras la renuncia de Kuczynski.

En septiembre de 2018, Vizcarra amenazó también con disolver el Parlamento, lo que llevó a los legisladores a adoptar una postura conciliadora.

Los proyectos de reforma de Vizcarra contemplan regular el financiamiento de los partidos y cambios en el sistema electoral, entre otros.

También que sea la Corte Suprema y ya no el Congreso quien quite la inmunidad a un parlamentario, pues hubo casos de legisladores que amparados en sus fueros han intentado eludir condenas por delitos comunes.

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