Contraloría y Comisión de Justicia y Paz harán auditoría social a 'Panamá Solidario'

La Contraloría General de la República informó este lunes 27 de abril, que, junto a la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Panameña, emprenderán una auditoría social al Programa Panamá Solidario.

Según la Contraloría, buscan que dicho programa “cumpla con sus objetivos de llegar a la población más vulnerable, sin discriminación, ni partidismo político, ni intereses particulares”.

El contralor general Gerardo Solís y el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, firmaron un convenio de cooperación y apoyo para el desarrollo de la auditoría social al Programa Panamá Solidario.

Agregan que propiciarán que los ciudadanos y ciudadanas tomen conciencia de la importancia de la vigilancia de los recursos públicos para el bien común, en esta ocasión la veeduría de la entrega de bonos y bolsas de comida.

La Conferencia Episcopal Panameña, a través de la Comisión de Justicia y Paz, está realizando un llamado a los voluntarios de la Iglesia católica para que participen de la auditoría de las bolsas de alimentos y del bono económico social que se distribuyen en todo el país.

“Para cumplir con este convenio, la Iglesia católica creará equipos de profesionales voluntarios en sus diócesis (territorios) para establecer líneas de acción que garanticen una veeduría ciudadana en el marco de la ley y cuidando que los recursos del Estado sean bien utilizados”, destaca el comunicado.

La Contraloría informó que esta auditoría complementará las tareas que viene ejecutando la Mesa Social en la implementación y desarrollo de los planes para mitigar, temporalmente el impacto económico causado por la pandemia del coronavirus, especialmente en poblaciones vulnerables, en las familias panameñas y extranjeros que han perdido sus fuentes de ingreso.

En tanto, la entidad habilitó para uso exclusivo de este proyecto de auditoría social una sección en su página web para el ingreso de denuncias y aportar evidencias de irregularidades que se puedan presentar en todo el territorio del país.

Informaron que la ciudadanía, en cualquier punto del país, podrá formular sus denuncias a los auditores sociales, aportando pruebas mediante fotos, videos y testimonios; además debe identificar el sitio, fecha y personas involucradas.

Admitida una denuncia debidamente sustentada, la primera acción será enviar una carta de advertencia a las autoridades locales, primeros responsables de velar por la distribución equitativa de las bolsas de alimentos y bonos solidarios y posteriormente se iniciará una investigación con las probables consecuencias jurídicas y patrimoniales.