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Ciudad de Panamá, Panamá/La educación panameña mantiene importantes desafíos en materia de gestión, formación docente y calidad de los aprendizajes, según una nueva evaluación presentada por Jóvenes Unidos por la Educación, que encontró que 21 de las 24 propuestas analizadas obtuvieron calificaciones entre D y F.
Yair Velásquez, representante de la organización, explicó que este informe constituye la tercera evaluación de las propuestas que fueron presentadas en 2019 a los entonces candidatos a la Presidencia de la República y posteriormente al expresidente Laurentino Cortizo.
En 2024, Jóvenes Unidos por la Educación actualizó el documento con cinco nuevos retos, para un total de 24 políticas públicas evaluadas durante los dos primeros años de la actual administración.
La evaluación fue realizada tomando como referencia una rúbrica del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Preal), que contempla calificaciones de A a F y, además, determina si una política pública presenta una tendencia de avance, retroceso o estancamiento.
De acuerdo con Velásquez, 21 de las 24 propuestas se encuentran actualmente entre D, considerada una calificación mala, y F, correspondiente a muy mala.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el modelo de gestión y descentralización del sistema educativo. Velásquez señaló que los pilotajes necesarios para avanzar hacia un modelo descentralizado no se han realizado y que tampoco se han transferido completamente funciones administrativas, financieras y operativas a las regiones educativas.
A su juicio, esta situación también repercute en los centros escolares, debido a que algunos directores enfrentan dificultades para ejecutar recursos del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), además de no contar, según indicó, con el personal necesario para cumplir con los procesos administrativos requeridos.
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Otro de los puntos analizados es la formación de los educadores y la carrera docente.
Velásquez destacó como un avance que el Ministerio de Educación haya emitido un decreto ejecutivo para institucionalizar la carrera docente mediante concursos. Sin embargo, consideró que todavía es necesario avanzar hacia una ley de carrera docente que establezca perfiles de ingreso y egreso, así como un escalafón y mecanismos que permitan garantizar las competencias de los educadores.
También señaló que la malla curricular utilizada para la formación docente requiere una actualización para responder a las necesidades educativas del siglo XXI.
El representante de Jóvenes Unidos por la Educación vinculó este desafío con la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación de los títulos utilizados en los concursos docentes. Explicó que debería existir una mayor coordinación entre las universidades y el Ministerio de Educación para que la institución pueda validar la información de los profesionales graduados y comprobar la autenticidad y cumplimiento de los requisitos de los diplomas presentados.
Sobre la capacitación continua, Velásquez sostuvo que esta no debería concentrarse únicamente en jornadas realizadas antes del inicio del año escolar, sino responder a las necesidades específicas de los estudiantes en cada región educativa.
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Puso como ejemplo los resultados de las evaluaciones nacionales, que permiten identificar problemas particulares. Según explicó, mientras en Chiriquí se han detectado dificultades en lectoescritura, en Herrera existen problemas relacionados con matemáticas, por lo que la formación de los docentes debería responder a esas realidades.
El informe también identifica algunos avances. Velásquez reconoció que el Ministerio de Educación realizó una actualización curricular que impacta a más de 800 mil estudiantes, lo que permitió que una de las políticas relacionadas con la contextualización de la formación estudiantil pasara de una tendencia de estancamiento a una tendencia de avance.
No obstante, sostuvo que todavía existe una brecha entre el currículo nacional y los estándares internacionales de aprendizaje.
Según explicó, no basta con establecer qué contenidos debe conocer un estudiante, sino que también debe determinarse con qué profundidad debe dominarlos y qué habilidades debe desarrollar para aplicarlos en diferentes situaciones.
Esta diferencia, indicó, está relacionada con los resultados obtenidos por los estudiantes panameños en evaluaciones internacionales como PISA, debido a que el conocimiento de los contenidos del currículo no necesariamente garantiza el desarrollo de las competencias que demanda el mundo productivo.
Velásquez también cuestionó que, pese a la actualización curricular, las materias y la estructura de los bachilleratos mantienen importantes desafíos de alineación con las necesidades del mercado laboral.
Jóvenes Unidos por la Educación plantea que los resultados presentados deben servir como una línea base para orientar las políticas educativas durante los próximos tres años.
El informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de julio de 2026 y, según Velásquez, la organización ya solicitó una reunión con el ministro de Educación, Ventura Vega, para presentar formalmente los resultados y discutir los principales retos identificados.
La organización espera que esta evaluación permita retomar las propuestas planteadas desde 2019 y establecer acciones concretas para mejorar la gestión del sistema, fortalecer la formación de los docentes y elevar la calidad y equidad de los aprendizajes.