Demanda de inconstitucionalidad busca dejar sin efecto prohibición de concesiones mineras
La demanda quedó en manos de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Cheng Rosas, quien deberá conocer la acción de inconstitucionalidad y luego someterla a consideración del pleno.
Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, contra la Ley 407 de noviembre de 2023, que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en Panamá.
La acción legal fue presentada por el abogado Rodrigo Mulino, quien sostiene que existe una contradicción directa entre la prohibición absoluta establecida en la Ley 407 y la Constitución Política de la República de Panamá.
De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda, la norma cuestionada entraría en conflicto con principios constitucionales relacionados con la supremacía de la Constitución, la soberanía económica nacional, la titularidad estatal de los recursos del subsuelo, el aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables y la orientación de la actividad económica hacia el incremento de la riqueza nacional y la distribución de sus beneficios.
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El debate se centra en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 407, que establece que el Ministerio de Comercio e Industrias no podrá otorgar concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en la República de Panamá.
Además, la norma ordena rechazar toda nueva solicitud presentada para obtener este tipo de concesiones, a partir de su promulgación.
Sin embargo, la demanda sostiene que la Constitución establece que pertenecen al Estado las riquezas del subsuelo y que, específicamente, los numerales 5 y 6 del artículo 257contemplan la posibilidad de que las minas y yacimientos sean explotados mediante empresas estatales o mixtas, o sean objeto de concesiones y otros contratos para su explotación, de conformidad con la ley.
La demanda, luego del reparto de este martes 24 de agosto, quedó en manos de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Cheng Rosas, quien deberá conocer la acción de inconstitucionalidad presentada contra la disposición.