Caso Odebrecht: A ocho meses del juicio por blanqueo de capitales
La jueza Baloísa Marquínez analiza un expediente de 2,937 tomos y más de 1.4 millones de fojas; la Fiscalía Anticorrupción pidió condenas para 16 de los 21 procesados, entre ellos el expresidente de la República Ricardo Martinelli.
Panamá/La sentencia del caso Odebrecht en Panamá sigue pendiente ocho meses después de que concluyera la audiencia ordinaria, el 27 de febrero de 2026. El fallo determinará si los procesados tienen o no responsabilidad penal por el presunto blanqueo de capitales vinculado al pago de sobornos que directivos de la constructora brasileña confesaron, previo a la condena emitida contra la empresa.
El proceso, en manos de la jueza Baloísa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, está en etapa de valoración de los argumentos de la Fiscalía, las solicitudes de absolución de las defensas, valoración de las pruebas y los incidentes procesales planteados durante el juicio.
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La audiencia se realizó entre el 23 de enero y el 27 de febrero de este año, luego de seis aplazamientos desde su programación inicial en 2023. Las causas figuraron entre notificaciones a imputados que se encontraban fuera del país y las diligencias de asistencia judicial internacional solicitadas a Brasil.
¿Por qué tarda la sentencia del caso Odebrecht?
El proceso se tramitó bajo el Sistema Inquisitivo Mixto y comprende un expediente de 2,937 tomos y más de 1.4 millones de fojas, con documentación sobre operaciones financieras, sociedades y movimientos de dinero investigados durante años.
Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dictar sentencia representa un reto extraordinario, no solo por el volumen documental, sino también por la complejidad de las pruebas financieras y la cantidad de personas procesadas.
Araúz advirtió que la jueza debe explicar qué hechos quedaron demostrados y cómo se vincula individualmente a cada acusado. A su juicio, la cantidad de documentos y declaraciones no puede sustituir la obligación de sustentar la responsabilidad penal de cada persona ni justificar que se debiliten las garantías procesales.
Pruebas, testigos y peritos del juicio Odebrecht
Durante la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción presentó nueve pruebas extraordinarias, que sumaban 22 tomos y 10,939 fojas obtenidas mediante asistencias judiciales internacionales. También se incorporaron documentos remitidos desde el extranjero, incluidos expedientes en inglés y portugués con sus traducciones al español.
Según datos divulgados por el Órgano Judicial, comparecieron 14 testigos y 10 peritos, examinados por la Fiscalía, la querella y las defensas. Entre los elementos técnicos figuró un informe de actuación financiera elaborado por un funcionario con experiencia en la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial.
¿Qué pidieron la Fiscalía, la querella y las defensas?
Al concluir la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción solicitó condenas para 16 de los 21 procesados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli y varios exfuncionarios de su administración, y pidió la absolución de los cinco restantes.
La querella respaldó las condenas solicitadas, aunque también pidió un fallo absolutorio para otro de los acusados.
Para Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2014, la Fiscalía pidió hasta 12 años de prisión por presunto blanqueo de capitales. Entre los otros exfuncionarios procesados figuran los exministros Demetrio Papadimitriu, Federico Suárez, Frank De Lima y Carlos Duboy, además del exministro y excandidato presidencial José Domingo Arias.
Las defensas solicitaron la absolución de sus representados y plantearon otros requerimientos, como el levantamiento de medidas cautelares y el rechazo de las reclamaciones civiles dirigidas a obtener un resarcimiento para el Estado. Todas estas peticiones deberán ser valoradas por la jueza al emitir su decisión.
Multa de Odebrecht: cuánto ha recuperado el Estado
Más allá de las responsabilidades penales individuales, el caso mantiene pendiente la recuperación del dinero comprometido por la constructora Norberto Odebrecht. En noviembre de 2017, Odebrecht suscribió un acuerdo con las autoridades panameñas que fijó una condena por el pago de multa de 220 millones de dólares, pagadera en 12 años.
Araúz cuestionó que ese compromiso todavía no se haya cumplido íntegramente. Indicó que, a enero de 2026, el Estado había recaudado alrededor de 74.7 millones de dólares, principalmente mediante retenciones, mientras la empresa mantenía obligaciones pendientes de pago.
Según el abogado, una sentencia puede establecer criterios jurídicos importantes, pero no bastará para convertir el caso en un precedente exitoso contra la corrupción si las sanciones económicas no se ejecutan y el Estado no recupera efectivamente los recursos comprometidos.
Araúz también consideró que el expediente refleja las limitaciones estructurales del Sistema Inquisitivo Mixto, un modelo procesal derogado cuyas deficiencias, a su juicio, contribuyeron a prolongar procesos de esta magnitud. No obstante, advirtió que la decisión de la jueza debe mantenerse al margen de cualquier presión política y respetar el debido proceso.
Con la audiencia ordinaria concluida, el expediente permanece bajo análisis de la jueza Marquínez. Su sentencia deberá determinar las responsabilidades individuales de los acusados y resolver las peticiones de las partes en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Panamá.