Mafia Filipina: Mujer de 25 años, supuesta encargada de lavar el dinero, quedó bajo arresto domiciliario por estado de gravidez
Durante la audiencia de solicitudes múltiples, celebrada este jueves 30 de julio, la jueza legalizó previamente la aprehensión de la ciudadana y admitió la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Linda De León.
Una mujer de 25 años, embarazada, fue enviada a casa por cárcel y se le prohibió salir del país, tras ser imputada por blanquear capitales presuntamente vinculados a la red criminal "Mafia Filipinas", en el marco de la Operación Corsario.
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Marisol Ortiz, ordenó la medida cautelar de depósito domiciliario, además de la prohibición de salida del país, contra una mujer de 25 años, imputada por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en calidad de autora.
La decisión coincidió con la solicitud del Ministerio Público, que consideró el estado de gravidez de la imputada y valoró la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga, la posible destrucción de pruebas y la gravedad de los hechos investigados.
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Durante la audiencia de solicitudes múltiples, celebrada este jueves 30 de julio, la jueza legalizó previamente la aprehensión de la ciudadana y admitió la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Linda De León.
Según la investigación, a la mujer se le vincula presuntamente con actividades comerciales realizadas a través de sociedades o empresas que, según la Fiscalía, eran utilizadas para ocultar, encubrir o impedir la determinación del origen, la ubicación, el destino o la propiedad de dineros, bienes, valores u otros recursos financieros, a sabiendas de su procedencia ilícita, así como para asegurar o facilitar su provecho.
Este proceso guarda relación con la denominada "Operación Corsario", desarrollada en coordinación con las autoridades judiciales del Reino de España. La investigación se inició en 2022, tras la incautación de sustancias ilícitas presuntamente vinculadas a un grupo criminal conocido como "Mafia Filipinas".
La imputada fue asistida por la defensora técnica particular Katiuska Ramos.