Cuestionan millones de dólares destinados a alquileres del Ministerio de Gobierno

Ciudad de Panamá/El presupuesto destinado al pago de alquileres del Ministerio de Gobierno fue cuestionado durante la sustentación de la vista presupuestaria para 2027 de la entidad ante la Comisión de Presupuesto, luego de que se conociera que para este renglón se contempla una partida superior a los $2 millones.

El diputado Jonathan Vega, miembro de la Comisión de Presupuesto, expresó su preocupación por los recursos destinados al arrendamiento de las gobernaciones de Panamá Oeste, Veraguas, Herrera y Bocas del Toro.

Durante su intervención, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que parte de los fondos solicitados están destinados a cubrir deudas acumuladas por alquileres de locales utilizados por las gobernaciones.

Montalvo señaló que, en el caso de Bocas del Toro, existe una deuda de aproximadamente $352 mil con el propietario de uno de los locales. Según explicó, el inmueble había sido utilizado para prestar servicios a la institución, pero los contratos correspondientes no llegaron a formalizarse ni obtuvieron el refrendo requerido.

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La ministra Montallvo indicó que la actual administración está buscando mecanismos para cumplir con las obligaciones pendientes con los propietarios que prestaron el servicio en años anteriores y que aún no han recibido el pago correspondiente.

“Lo que se está pidiendo prácticamente es para poder pagar lo que se le adeuda a estos locales que habían estado alquilados”, explicó Montalvo durante la sustentación.

Montalvo también señaló que algunas de las obligaciones corresponden a alquileres cuyos pagos se encuentran pendientes desde años anteriores, debido a situaciones administrativas relacionadas con los contratos.

Ante esta explicación, el diputado Vega cuestionó que existan gobernaciones operando en locales cuyos contratos no cuentan con el refrendo correspondiente.

“Gobernaciones alquiladas sin contrato, sin refrendo, esto es inaudito”, manifestó el diputado, quien cuestionó que se permita la prestación de servicios y posteriormente se busquen mecanismos para regularizar las obligaciones pendientes.

De acuerdo con lo expuesto durante la sustentación, algunas de las deudas de arrastre por alquileres se remontan a los años 2021, 2022 y 2023, mientras que otros contratos corresponden incluso a los años 2016, 2017 y 2018.

Además del pago de alquileres, durante la presentación del presupuesto del Ministerio de Gobierno también se abordaron los recursos destinados a la construcción de nuevos centros penitenciarios y los fondos requeridos para su funcionamiento.

Con información de Meredith Serracín