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Ciudad de Panamá/Un proyecto de ley que busca regular la cancelación administrativa del récord policivo para personas que hayan cumplido condenas de hasta tres años de prisión genera posiciones encontradas en la Asamblea Nacional.
La iniciativa fue prohijada recientemente por la Comisión de Gobierno y es impulsada, entre otros, por el diputado Isaac Mosquera, quien sostiene que la propuesta busca promover la dignidad humana y facilitar que quienes hayan cometido un error puedan acceder a oportunidades de empleo y continuar con su desarrollo personal.
Sin embargo, la diputada Alexandra Brenes votó en contra del prohijamiento del proyecto y cuestionó que la iniciativa pueda ser considerada una medida suficiente para lograr la resocialización de quienes han cumplido una condena.
“A pesar de que es un proyecto que se dice que es para el tema de resocialización, la resocialización va muchísimo más allá que el olvido de penas o el olvido de lo que te puede imponer un juez. Va principalmente en la forma integral en que haya trabajo, en que en realidad haya oportunidades”, señaló Brenes.
La propuesta establece mecanismos para la cancelación administrativa del récord policivo en casos de condenas que no superen los tres años de prisión. No obstante, plantea que esta cancelación no implique eliminar advertencias judiciales ni los archivos históricos que mantienen los tribunales o la Policía Nacional para efectos de investigación.
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El contenido del proyecto también ha generado cuestionamientos desde sectores de la sociedad civil, debido a la forma en que están definidos los delitos que quedarían excluidos del beneficio.
Leah de Boersner, representante de la Sociedad Civil, señaló inconsistencias en el texto relacionadas con delitos vinculados a la corrupción y el blanqueo de capitales.
“Te habla de que está excluido el delito de corrupción, pero más adelante te lo menciona. Por ejemplo, en el artículo siete, tabla de que quedan excluidos equis delitos, homicidios, feminicidios, violencia doméstica, pero no está corrupción”, cuestionó.
Según explicó Brenes, entre las conductas contempladas en el proyecto figuran delitos contra la administración pública, incluyendo determinados casos relacionados con blanqueo de capitales, siempre que no superen los $100 mil, además de delitos vinculados con fraude en las contrataciones públicas.
Las críticas apuntan a que el proyecto podría requerir una revisión profunda antes de avanzar en el proceso legislativo. Algunos sectores consideran que, más que realizar correcciones puntuales, la propuesta debería ser redactada nuevamente debido a las inconsistencias señaladas en su contenido.
Esta es la segunda ocasión en que el diputado Isaac Mosquera presenta una iniciativa de este tipo. Tras su prohijamiento, el proyecto deberá continuar con el trámite legislativo correspondiente y ser sometido a tres debates antes de determinarse si avanza hacia una eventual aprobación.
Con información de Luis Jiménez