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Panamá/El diputado Ernesto Cedeño cuestionó la falta de respuestas sobre tres casos investigados por el Ministerio Público, en los que personas aparecen registradas ante la Caja de Seguro Social (CSS) como funcionarias de la Asamblea Nacional, pese a que aseguran no haber trabajado en ese órgano del Estado; así como la propuesta del impuesto a las plataformas digitales que impulsaba el Ministerio de Economía y Finanzas.
Las investigaciones se desarrollan por la presunta comisión de un delito contra la fe pública. Uno de los casos corresponde a una mujer identificada como Julisa Morales, quien descubrió el registro cuando acudió a realizar el cálculo de su jubilación.
La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, sostuvo que la mujer nunca trabajó en la institución y atribuyó el registro a un error de la CSS. También señaló que existe un expediente desde 2023 y que el entonces director de la entidad, Enrique Lau Cortés, aclaró ese año que Julisa Morales no era funcionaria del Legislativo.
En ese sentido, Cedeño cuestionó que la afectada no recibiera una respuesta completa durante los últimos tres años, señalando que, "yo no logro comprender cómo no se le informó adecuadamente a Yulisa sobre su problema, dónde recayó el error y, si tú agolpas esta situación administrativa con los casos que se demoran un tanto en el Ministerio Público, como tú estabas hablando que hay tres casos y no hay información, por supuesto que eso pone la lupa sobre una institución que sí ha tenido máculas, que históricamente no lo podemos ocultar, que es la Asamblea Nacional de Diputados”.
Pasó 2023, pasó 2024, pasó 2025, estamos en 2026 y ahora tú me vas a decir a mí que tú vas a colaborar. Para mí eso no tiene ningún tipo de excusa, lo que hay en la Caja de Seguro Social. Si el director general, otro ahora al lado, manifestó: Oye, reconocemos el error. Han pasado tantos años, no ha terminado un proceso administrativo. Con ese comunicado baladí de la Caja de Seguro Social que dice que entonces hará las denuncias, palabra más, palabra menos. ¿Cómo es posible que tú me vas a venir en tres años y que harás las denuncias? Entonces yo sí creo que hay situaciones en las que se tienen que hacer los ajustes correspondientes”, añadió.
El diputado también pidió aclarar si existió el salario registrado, si fue pagado y a quién correspondía realmente.
El problema que yo veo aquí es la falta de rendición de cuentas. Para mí es inadmisible que estemos en el 2023 con un problema con una dama y ya ha pasado. Estamos en el 2026 y tú no le has aclarado primero su condición. Y también al país, bueno, sucedió esta situación y es un hecho aislado”.
Señaló que desconoce si es un hecho aislado; solamente me circunscribo a las manifestaciones de Julisa. Pero si el Ministerio Público está llevando investigaciones, que hay varios casos aparentemente entre la misma institución, debe darle una aclaración a la ciudadanía sin violentar la reserva del sumario. ¿Cuál es la condición? Sí, esto es algo que se ha repetido. ¿Qué medidas de control se están tomando y qué pedido le han hecho a la Asamblea para que haga el ajuste correspondiente?”.
El diputado pidió al Ministerio Público explicar, sin vulnerar la reserva de la investigación, si se trata de una situación repetida y qué controles se están aplicando. También solicitó a la Contraloría restablecer el acceso público a las planillas estatales.
“No debe haber ningún tipo de obstáculo para que un ciudadano ponga un nombre y aparezca todo lo que está cobrando y definitivamente, cuánto está ganando”, expresó.
Cedeño también se refirió a la decisión del Gobierno de poner en pausa la propuesta para aplicar el 7% de ITBMS a las compras y servicios contratados mediante plataformas digitales.
El diputado cuestionó el argumento de que la recaudación funcionaría como una renta sustituta para compensar la eliminación del impuesto del 2% aplicado al vendedor en las transferencias de primeras viviendas de hasta $120,000. “Lo que pasa es que querían un billete”, dijo.
Según las cifras mencionadas durante la entrevista, la eliminación de ese impuesto representaría aproximadamente $8 millones, mientras que el cobro del ITBMS digital podría generar entre $80 millones y $100 millones.
“Aquí no había equiparación, Castalia, de 8 millones no compensan con 100”, afirmó Cedeño. El diputado atribuyó la pausa de la iniciativa a la reacción generada entre los ciudadanos. “Pero como vio la reacción del pueblo, dice, ya no queremos renta sustituta”, manifestó.
Mira, definitivamente mi teoría era que querían fumigar ese dinero, porque tú trajiste aquí a Ernesto Bazán y yo estaba viendo que él decía que aproximadamente eran 8 millones, lo que estamos hablando de la eliminación de ese porcentaje del dinero”.
Aunque reconoció la necesidad de mejorar la recaudación y procurar que el comercio digital cumpla las mismas obligaciones que las empresas establecidas en Panamá, Cedeño sostuvo que primero debe recuperarse la confianza en el manejo de los recursos públicos.
“Cuando el pueblo esté convencido de que no se están robando la plata, entonces dirá: lo apoyamos", expresó.