La entidad explicó que esta medida busca garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y evitar irregularidades que puedan comprometer tanto la validez de los actos administrativos como los intereses del Estado.
Panamá gasta más de lo que recibe, con la diferencia entre el gasto y el ingreso proyectándose para quedar este año entre el 6% y el 7% del producto interno bruto (PIB).
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