Los bienes del narcotráfico podrían pasar a manos del Ministerio de Educación

Sin duda una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia de la COVID-19 es la necesidad de invertir mucho más en educación, puesto que las brechas y falencias en el sistema educativo afloraron al momento que hubo que establecer una estrategia para seguir brindando educación de calidad a todos y cada uno de los estudiantes a nivel nacional.

Por años los gremios docentes han exigido al gobierno que se invierta el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, tal y como lo dicta la ley, sin embargo, año tras año vemos como desde la Asamblea Nacional se reduce el presupuesto al Ministerio de Educación y otras entidades encargadas de educar.

Pero ahora, cuando la pandemia nos deja respirar un poco, poner las ideas claras, e intentar establecer el norte para salir de la enorme crisis colateral a raíz de la sanitaria, surge el anteproyecto de ley 330 que propone destinar 15% de bienes aprehendidos en delitos relacionados con drogas al Ministerio de Educación, para que estos sean invertidos en equipos tecnológicos para estudiantes y docentes.

La especialista en educación Nivia Rossana Castrellón, consideró que esta iniciativa sería una forma de retribuir a la sociedad que ve mermado los recursos con los que cuenta para invertir en educación, salud y la agenda social, al tener que destinarlos para el combate al narcotráfico y a las actividades derivadas de estos hechos ilícitos como el lavado de activos.

Para Castrellón, aunque el problema de la educación en Panamá no solo tiene que ver con el dinero que se invierte, pues de ser así países con un PIB menor per cápita no tendrían mejores resultados que Panamá en la prueba TERCE, destacando que existe un gran reto en la gestión eficaz de los recursos que se destinan a educación.

Panamá tiene pendientes importantes cambios relacionados al desempeño integral del sistema educativo (administrativos, padres de familia, estudiantes, sociedad civil, educadores). Si todo se solucionara con dinero, el mejor sistema educativo estaría en países como EEUU, cosa que no se compadece con la realidad”, manifestó.

Propuesta

El anteproyecto de Ley 320, propuesto por el diputado Ricardo Torres, modifica los artículos 8 de la Ley 34 del 2010 y el artículo 35 de la ley 23 de 1986 sobre delitos relacionados con drogas, e instituye un proceso para la decisión anticipada de la situación jurídica de bienes aprehendidos, y dicta otras disposiciones.

En cuanto a la modificación del artículo 35 de la Ley 23 de 1986, que establece que a los estamentos de seguridad de las Fuerzas Públicas se le destine 35% de la venta en subasta de los bienes comisados, y 30% para la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos relacionados con Drogas, con esta nueva iniciativa se le resta un 10% y 5% de los fondos a estas instituciones respectivamente, los cuales ahora serán destinados al Ministerio de Educación quedando de la siguiente manera:

Se destinará un 25% a la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos relacionados con Drogas, 10% para el Instituto Panameño de Deportes, para la construcción y reparación de canchas deportivas a nivel nacional, otro 15% para el Ministerio de Economía y Finanzas, para atender los gastos de administración, custodia y disposición de los bienes aprehendidos y comisados.

Además, 10% para el Ministerio de Cultura, 25% para los estamentos de Seguridad de la Fuerza Pública, bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, para fortalecerlos económicamente y 15% para el Ministerio de Educación, para el fortalecimiento tecnológico de estudiantes y educadores.

Mientras que, el artículo 8 de la Ley 34 de 2010, establece “la sentencia en los procesos sumarísimos de decisión anticipada de la situación jurídica de los bienes aprehendidos provisionalmente declarará la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, segregaciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o uso del bien, sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza para su titular, y ordenará su traspaso a favor del Estado de la siguiente manera”.

“Cuando se trate de dineros o valores, 50% para la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos relacionados con Drogas y 50% para los estamentos de seguridad de la Fuerza Pública, bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, para fortalecerlos económicamente. Estos bienes quedarán exentos del pago de impuestos, tasas o cargas municipales y nacionales, así como de cualquiera otra contribución fiscal”.

Con el proyecto 320 la distribución de estos bienes será 40% para la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los delitos relacionados con drogas,40 % para los estamentos de seguridad de la Fuerza Pública, bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública y 20% para el Ministerio de Educación para el fortalecimiento tecnológico de estudiantes y educadores. Además, estos bienes quedarán exentos del pago de impuestos, tasas, o cargas municipales y nacionales, así como de cualquiera otra contribución fiscal.

Esta es una de las primeras iniciativas presentadas en la Asamblea para buscar fondos que sean destinados al sistema educativo, con el objetivo de estrechar las palpables brechas que existen entre los estudiantes que más tienen y los que menos tienen, sin diferenciar si son de áreas urbanas o rurales.

Castrellón concluyó diciendo que, “la Asamblea Nacional tiene un serio tema pendiente con la sociedad panameña: demostrar con hechos e incluso iniciativas legislativas, un genuino interés por el bienestar y futuro de los niños, niñas y adolescentes de Panamá, en especial, los que están en condición de pobreza multidimensional”.