Gobierno boliviano decreta la reversión al Estado de minas de cooperativistas

El Gobierno de Bolivia firmó hoy un decreto que "revierte a dominio del Estado" las áreas que las cooperativas mineras entregaron por contratos a empresas privadas nacionales o extranjeras, informó hoy el ministro de Minería, César Navarro.

Al término de una reunión del Consejo de Ministros, Navarro informó a los medios de esa decisión y de otras para regular a las las cooperativas mineras, que la semana pasada protagonizaron violentos conflictos que dejaron un saldo de cinco muertos.

Las áreas que vuelven a poder del Estado son aquellas que las cooperativas mineras traspasaron a privados en contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento.

Además, el Consejo de Ministros decretó que las autoridades realizarán un verificación y revertirán a dominio del Estado las áreas en las que no se desarrollaron actividades de explotación, agregó el ministro Navarro.

Las cooperativas también están obligadas a partir de ahora de informar al Gobierno sobre el volumen, el valor de su producción y sobre cuántos son los ingresos que perciben con el propósito de que se haga el reparto equitativo de los mismos a los socios cooperativistas.

El Gobierno no detalló cuáles son las privadas nacionales o extranjeras afectadas por las decisiones asumidas hoy, pero en los días pasados señaló que existían más de 30 contratos de ese tipo.

Además, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, anunció otro decreto que reconoce los derechos laborales, sociales y la seguridad social para los trabajadores de las cooperativas.

La norma señala que los empleados de esas instituciones denominados "peones y segundas manos" pueden plantear contratos colectivos y que "el derecho a sindicalización en las cooperativas mineras a partir de este momento está en plena vigencia", agregó.

Los trabajadores que prestan servicios en las cooperativas deben beneficiarse de las prestaciones y el régimen de asignaciones familiares como el subsidio de lactancia materna, que hasta ahora solo se pagaba a los socios de esas organizaciones, indicó.

Las autoridades destacaron que las cooperativas se justifican si mantienen un régimen solidario de producción y distribución del excedente económico, pero si eso no se cumple deben migrar obligatoriamente a la condición de empresa privada.

Las cooperativas son organizaciones que aseguran tener 150.000 miembros, pero la gran mayoría son empleados que trabajan en condiciones precarias y de explotación para los socios.

Los decretos establecen un régimen económico y laboral de regulación más duro que la normativa sobre sindicalización que las cooperativas rechazaron hace días con sus movilizaciones.

Las decisiones se producen después de los graves conflictos de la semana pasada protagonizados por mineros de las cooperativas, que se saldaron con el asesinato a golpes del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y la muerte de cuatro mineros.

Tres de los mineros murieron por heridas de bala y un cuarto falleció debido a una explosión por la mala manipulación de dinamita.