Alcaldesa de Baltimore, elogiada por pedir pesquisa federal

La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, encontró apoyo de otros cargos públicos y elogios de expertos legales por pedir al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue al departamento de policía de su ciudad por prácticas o patrones discriminatorios.

Después de decir en un principio que estaba decidida a resolver los problemas de la policía por sí misma, la alcaldesa demócrata anunció el miércoles que había pedido a la fiscal general del Estado, Loretta Lynch, que ordene una investigación sobre derechos civiles.

"Debemos tener una base de confianza", dijo Rawlings-Blake en una rueda de prensa. "Creo que necesitamos la asistencia del Departamento de Justicia y la investigación de derechos civiles para reforzar esa base, que ahora mismo es débil en nuestra ciudad".

La alcaldesa anunció sus planes un día después de celebrar una reunión a puerta cerrada con Lynch. La fiscal está considerando la solicitud, indicó la portavoz del Departamento de Justicia Dena Iverson.

De emprenderse, la investigación federal podría obligar a la policía a hacer cambios bajo supervisión de un observador independiente.

Rawlings-Blake dijo que aceptaría la intervención externa para reparar la dañada relación entre la policía y el público, en una ciudad herida por los disturbios en torno a la muerte de Freddie Gray, un hombre negro que sufrió una lesión mortal en la médula espinal tras ser detenido por la policía el mes pasado.

El gobernador, el republicano, Larry Hogan; el presidente del Consejo Municipal, Jack Young; y el presidente del sindicato policial de la ciudad fueron algunos de los cargos públicos que expresaron su apoyo a la solicitud.

Una figura clave que no se pronunció en un primer momento fue el comisario, Anthony Batts, al que la alcaldesa trajo hace dos años y medio desde Oakland, California, para reformar el departamento.

La solicitud de la alcaldesa podría poner el mando de Batts bajo la lupa. Un portavoz de la policía no respondió a las peticiones sobre comentarios del comisario.

El criminólogo Samuel Walker, profesor emérito de la Universidad de Nebraska-Omaha y que ha escrito mucho sobre abusos de derechos civiles por parte de la policía, dijo que una investigación de derechos civiles está justificada en Baltimore, y que espera que el Departamento de Justicia emprenda las pesquisas.

La alcaldesa "merece reconocimiento por haber pensado en el problema, y evidentemente reconocido que los problemas eran peores de lo que pensaba, y ésta es la solución adecuada", afirmó.

Baltimore sufrió varios días de disturbios tras la muerte de Gray el 19 de abril, tras una semana en coma después de su arresto. Los manifestantes lanzaron botellas y adoquines a la policía la noche de su funeral, el 27 de abril, e hirieron a casi 100 agentes. Más de 200 personas fueron detenidas mientras ardían autos y negocios.

La ciudad participa en una revisión voluntaria del Departamento de Justicia solicitada por Rawlings-Blake y Batts el pasado otoño. Esto permitiría a la policía aplicar reformas sin orden judicial ni supervisor independiente.

El Departamento de Justicia ya está investigando si se violaron los derechos civiles de Gray y seis agentes enfrentan cargos por su arresto y muerte, que van desde agresión hasta asesinato en segundo grado.

Seis agentes están acusados de delitos entre agresión y asesinato en segundo grado por la muerte de Gray. Al menos dos han presentado demandas rebatiendo la afirmación de la fiscalía de que Gray fue detenido sin base legal.

La investigación que ha pedido ahora la alcaldesa es más amplia y examinaría cómo emplea la fuerza la policía y sus métodos para buscar y detener sospechosos. En Ferguson, Missouri, se celebró una investigación similar después de la muerte de un hombre negro de 18 años a manos de un policía blanco.

El Departamento concluyó que la policía y los tribunales de Ferguson mantenían un patrón de caracterización racial, intolerancia y énfasis en los ingresos económicos, y recomendó a las autoridades locales que hicieran cambios. Las autoridades locales siguen insistiendo en que no hicieron nada incorrecto.