Convocan a un 'paro de consumo' contra el Gobierno de Daniel Ortega

Organizaciones de Nicaragua convocaron para este martes un "paro de consumo", en el que piden a la población no comprar determinados artículos para no generar impuestos que beneficien al Gobierno de Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica en el país.

En un vídeo colgado en redes sociales, las "expresiones sociales invitan a un paro de consumo de productos que más generan impuestos al régimen" como combustible, ron, cervezas, bebidas gaseosas o tabaco.

"Nicaragüenses, sumémonos al paro de consumo para que nuestros impuestos no sigan financiando la represión, yo digo presente", expresó en el vídeo el estudiante universitario Lesther Alemán, quien aparece al igual que el estudiante Jean Carlo López y la líder campesina Francisca Ramírez.

La semana pasada también circuló en redes sociales una invitación a otro paro de consumo y, aunque nadie midió su repercusión, la gente publicó fotos y comentó que los bares y las tiendas estaban sensiblemente más vacíos en algunos puntos.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos y más de 300 "presos políticos", según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La tensión en el país aumentó luego de que este fin de semana la Policía disolviera varias manifestaciones en diferentes ciudades y capturara a decenas de personas tras haber calificado de "ilegales" las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Organismos defensores de los derechos humanos han reiterado que las protestas son un derecho constitucional de los nicaragüenses y que las personas capturadas en el contexto de la crisis son "presos políticos".

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil denunció el domingo que el Gobierno mantiene un "estado de sitio de hecho" en Nicaragua para silenciar las protestas contra su Gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega ha negado los señalamientos y ha sostenido que se trata de un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.