El déficit empuja a Costa Rica a la venta de activos y a una reforma laboral

San José/El déficit fiscal del 6,96 % que registró Costa Rica en el 2019 a pesar de la implementación de una reforma tributaria, ha empujado al Gobierno a proponer acciones más drásticas que van desde venta de activos y uso del superávit de algunas instituciones, hasta una inminente reforma a los salarios del sector público que provocará choques con los sindicatos.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, presentó al Congreso el lunes un paquete de medidas que pretenden paliar el déficit, reducir el gasto, combatir la evasión y además sustituir deuda cara por créditos a menores tasas de interés. La deuda cerró en 2019 en el 58,5 % del PIB con una clara tendencia al alza.

LA VENTA DE ACTIVOS ESTATALES Y EL USO DE SUPERAVIT

Uno de los puntos principales de la propuesta del ministro es la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), que opera en Panamá, y la de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), una entidad creada en 1850 y que en la actualidad produce aguardiente, ron, y alcohol de uso médico, industrial y doméstico.

Según los números del ministro, la veta o concesión de la FANAL generaría cerca de un 0,03 % del PIB del país, mientras que la venta del BICSA, propiedad de bancos públicos de Costa Rica, que no tiene empleados ni operaciones en el país, generaría un 0,04 % del PIB.

Estas son las primeras muestras de la anuencia del Gobierno a vender activos del Estado, acciones que sectores políticos han urgido durante muchos años.

El ministro Chaves también presentó la propuesta para tomar el superávit de 11 instituciones públicas por unos 390 millones de dólares (0,6 % del PIB) para pagar deuda, especialmente la que está mayores tasas de interés.

Los diputados en general han mostrado apoyo a estas medidas, pero las consideran insuficientes, pues se pueden aplicar una sola vez..

LA INMINENTE Y POLÉMICA REFORMA AL EMPLEO PÚBLICO

Durante el trámite de la reforma tributaria en el segundo semestre de 2018 e incluso después de su aprobación en diciembre de ese año, desencadenó numerosas protestas de sindicatos y grupos sociales que consideran que el plan fiscal fue un golpe fuerte para las clases medidas y bajas y que no ataca el problema de fondo: la evasión.

La reforma tributaria creó el impuesto al valor agregado y recortó pluses salariales en el sector público, pero el Gobierno y la mayoría de partidos políticos consideran que se debe hacer un esfuerzo mayor para recortar gastos.

Es ahí donde aparece la inminente reforma al empleo público, un proyecto de ley que el Gobierno se ha comprometido a enviar al Congreso a finales de febrero, y al que los sindicatos han anunciado desde ahora su rechazo total.

Según la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el mayor sindicato del país, la evasión fiscal es de alrededor del 8 % del PIB y afirma que ese es el mal que el Gobierno debe concentrarse en atacar para solucionar del déficit.

La reforma al empleo público buscará disminuir la cantidad de categorías y regímenes salariales que hay en el sector y generar así ahorro.

BONOS Y LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN

Los otros grandes ejes de las medidas anunciadas por el Gobierno son la colocación de bonos en el exterior a tasas bajas, para que ello favorezca la sustitución de la deuda más cara.

De acuerdo a los cálculos oficiales, una colocación de 4.500 millones de dólares en los próximos años a tasas favorables, permitiría sustituir deuda y un ahorro en intereses por alrededor del 0,10 % del PIB al año.

El gobierno también ha propuesto eliminar exenciones fiscales, una ley para levantar el secreto bancario y la aprobación de un crédito para modernizar los sistemas tecnológicos de Hacienda para luchar contra la evasión.

REACCIÓN EMPRESARIAL

Las cámaras empresariales destacaron las medidas anunciadas por el Gobierno, pero consideran que no hay ninguna que impulse la reactivación económica en momentos en que la economía crece a menos del 3 %.

"Lamentablemente seguimos sin tener suficientes iniciativas orientadas a reducir el gasto público y consideramos que para lograrlo hace falta decisión política y un contundente apoyo al sector productivo, generador de empleo y desarrollo para el país", dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Yolanda Fernández.