El Salvador, el país en el que la vida vale según la profesión de cada cual

El Estado salvadoreño discrimina o prioriza sin pudor los derechos de los ciudadanos según la profesión que desempeñen, lo que lleva al país a una Justicia desigual, especialmente para víctimas de la violencia, que, con frecuencia, se sienten abandonados por un sistema ocupado en otros menesteres.

El país centroamericano, uno de los más violentos del mundo, registra a diario decenas de asesinatos, feminicidios, violaciones y otros graves delitos que, en ocasiones, ni siquiera llegan a resolverse y con frecuencia pasan años antes de que los culpables sean detenidos y puestos en manos de la Justicia.

Sin embargo, todo cambia si las víctimas de un asesinato son miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) o empleados de medios de comunicación con un altavoz al alcance de la mano, como directivos, periodistas, fotógrafos o camarógrafos.

Los homicidas de agentes o miembros de la PNC se someterán a penas mayores y se les impondrán medidas más drásticas que si la persona contra la que atentan es un civil o un ciudadano sin peso o rol específico.

Tal y como señaló en repetidas ocasiones el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, los sujetos que atenten contra la vida de policías cumplirán condena en un régimen especial de internamiento que contempla el aislamiento total.

La profesión periodística se encuentra entre las elegidas, tal y como se puso de manifiesto tras la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de la periodista Karla Turcios el pasado 14 de abril.

Desde el presidente del Gobierno, Salvador Sánchez Cerén, hasta la Iglesia, pasando por la Asamblea Legislativa y autoridades varias, alzaron sus voces reivindicando la pronta investigación y resolución del asesinato de Turcios, deseos que se vieron cumplidos tan solo 9 días después con la detención de su esposo, Mario Huezo, como responsable del hecho.

Mientras, cientos y hasta miles de ciudadanos continúan esperando que la Justicia les toque a ellos algún día, tal vez por azar o por ser parte de algún sector privilegiado, y resuelva los homicidios, violaciones o vejaciones que han sufrido en su propia piel o la de algún familiar cercano.

Si bien los miembros de la Policía son blanco elegido y señalado por las estructuras criminales, no así los periodistas o empleados de medios de comunicación, cuyo riesgo o amenazas no va más allá que el propio de vivir en un país violento y al que cualquier ciudadano, al margen de su profesión, está sometido.

Sin embargo, y pese a que desde 2016 la violencia homicida que vive el país se ha cobrado únicamente la vida de 4 comunicadores y solo uno de los casos se ha relacionado con su labor, Sánchez Cerén anunció, tras el crimen de Turcios, la creación de una "unidad especial" de la Policía para dar protección a los periodistas.

Los años 2016, 2017 y lo que va de 2018 sumaron un total de 10.173 asesinatos en El Salvador, muchos de ellos pendientes de investigación y resolución, lo que significa que tan solo un 0,04 % de los crímenes tocaron a la profesión periodística.

Pero aun así, el mandatario propuso promover una ley orientada a la seguridad del gremio, con el nombramiento de un enlace policial permanente para atender las denuncias y solicitudes de apoyo a la seguridad que demanden los profesionales de las comunicaciones.

Sectores como el de los pequeños comerciantes, vendedores ambulantes o informales, guardas de seguridad, taxistas, población LGBTI o personas que residen en zonas de disputa entre pandillas viven sometidos y fuertemente castigados por la violencia de estructuras criminales.

Pese al peligro permanente en el que se desenvuelven a diario estos grupos de población, no cuentan con una protección especial, vigilancia permanente o privilegios por parte del Estado.

El caso de Karla Turcios no resultó ser diferente por el hecho de ser periodista, sino que se suma al de numerosas mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

En el año 2017, de los 3.605 asesinatos registrados en El Salvador, al menos 429 fueron feminicidios, sin que ninguno de ellos recibiese una atención especial.

La tasa de estos crímenes de odio en el país, superior a 12 por cada 100.000 habitantes mujeres, está por encima de lo considerado internacionalmente como una epidemia.