España detiene a presunto etarra buscado por Francia

La policía española detuvo este viernes en el País Vasco, en el norte del país, al presunto miembro de ETA Juan Carlos Arriarán Ibarra, buscado por Francia desde 2005 por "terrorismo", anunció el ministerio del Interior.

"Agentes de la brigada provincial de información de San Sebastián de la Policía Nacional han detenido hoy, a las 19:15 horas, en Bergara (Guipúzcoa), al miembro huido de ETA Juan Carlos Arriarán Ibarra, alias 'Giuseppe'", informó en un comunicado.

Sobre Arriarán, nacido en la localidad vasca de Bergara en 1949, pesaba "una orden europea de detención y entrega (OEDE) de fecha 12 de diciembre de 2005 emitida por las autoridades francesas por terrorismo", agregó.

Huido a Francia en 1982, tras la desarticulación en España de un grupo de la organización armada independentista vasca, Arriarán había sido expulsado por las autoridades francesas a Panamá dos años más tarde, explicó el ministerio del Interior español.

El diario conservador español ABC había afirmado en 1996 que Juan Carlos Arriarán Ibarra y otros dos presuntos miembros de ETA, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte y Miguel Angel Aldana Barrena, acusados de un total de 12 asesinatos, vivían "a cara descubierta" en Venezuela.

Poco después Arriarán fue condenado en rebeldía por un tribunal de París a tres años de prisión, afirma el ministerio español sin precisar el motivo por el que fue juzgado.

"Posteriormente, en diciembre de 2005, la reclamación nacional francesa se trasformó en una OEDE, que ha dado lugar a su detención en el día de hoy", agregó.

Considerada responsable de la muerte de 829 personas durante cuatro décadas de lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra, ETA se ha visto muy debilitada en los últimos años por los golpes policiales.

El 20 de octubre de 2011, la organización armada, que desde 2009 no ha cometido ningún atentado en España, anunció el fin definitivo de la violencia.

En febrero de 2014 afirmó haber iniciado un proceso de desarme unilateral que no es reconocido por Madrid, cuyo gobierno se niega a negociar con ETA, exigiéndole una disolución sin condiciones y prosiguiendo con las detenciones.