Prisiones catalanas proponen semilibertad para líderes separatistas

La administración penitenciaria de la región española de Cataluña propuso este jueves conceder un régimen de semilibertad a los dirigentes separatistas encarcelados por sedición en el intento de secesión de 2017, informó el gobierno regional.

La propuesta debe ser estudiada por el departamento de Justicia catalán, que previsiblemente la ratificará al estar controlado por los independentistas.

Después de múltiples intentos, la AFP no pudo contactar con este departamento.

Entre sus amplias competencias, el gobierno catalán cuenta con la gestión penitenciaria.

En cualquier caso, si dieran el visto bueno, la decisión podría ser recurrida ante un juzgado ordinario y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo que dictó sentencia en su caso.

En octubre de 2019, esta corte condenó por sedición con entre 9 y 13 años de cárcel a siete políticos y dos líderes civiles por su participación en el referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia de Cataluña en 2017, una sentencia que provocó una semana de violentas protestas.

Todos ellos llevan más de dos años privados de libertad, casi tres en algunos casos, dado que estuvieron previamente en prisión preventiva.

Sin embargo, después de la condena, han podido ir saliendo regularmente de la cárcel con permisos de trabajo y voluntariado, lo que ha sido denunciado como un trato de favor desde los partidos contrarios a la secesión.

En sendas reuniones, las juntas de las tres prisiones donde están encarcelados "se han manifestado partidarias del tercer grado, por unanimidad en todos los casos", indicó en una rueda de prensa Armand Calderó, secretario de medidas penales del departamento de Justicia.

Este tercer grado "supondrá que, de lunes a viernes, podrán salir e ir a dormir a la prisión y el fin de semana pueden estar en su casa", añadió.

Entre los condenados está el exvicepresidente regional Oriol Junqueras, que recibió la mayor pena, otros cinco integrantes del gobierno, la expresidenta del Parlamento regional y los presidentes entonces de las organizaciones ANC y Omnium Cultural.

Después de la condena, los independentistas en el poder evitaron conceder automáticamente este tercer grado a sus antiguos dirigentes, a quienes consideran presos políticos, en una decisión muy criticada por algunos sectores más radicales.