Fiscales peruanos reconstruyen la ruta de los sobornos de Odebrecht

Apenas una semana después de firmar un acuerdo de cooperación con la fiscalía peruana, los jefes de la constructora brasileña Odebrecht han aportado testimonios que pueden llevar a prisión a varios políticos peruanos, incluidos algunos expresidentes.

Los testimonios proporcionados a los fiscales peruanos en Brasil, dados a conocer por los medios peruanos, también incriminan a empresarios y a un abogado que fungía de árbitro que dirimía disputas entre la constructora y el Estado, y quien fue sobornado por la cuestionada empresa.

"Era necesario ese acuerdo (de cooperación), porque quién más que Odebrecht para que nos diga a quién dio plata indebida o dádivas que no corresponden", dijo el presidente peruano Martín Vizcarra durante una visita a la Amazonía el viernes.

La justicia peruana ordenó el sábado el arresto del empresario Gonzalo Monteverde, exoperador financiero de Odebrecht en Perú, cuya casa fue allanada por policías y el fiscal José Domingo Pérez.

Este fiscal del equipo especial asignado al caso Odebrecht, que salpica a cuatro expresidentes peruanos, es el mismo que envió a prisión a la líder opositora Keiko Fujimori en octubre.

La hija del también encarcelado expresidente Alberto Fujimori (por crímenes contra la humanidad bajo su gobierno, 1990-2000) está acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la empresa brasileña en 2011, aunque ella lo niega.

El viernes testificó durante 10 horas ante fiscales peruanos en Curitiba, sur de Brasil, el exnúmero dos de Odebrecht en Perú, Raymundo Trinidade Serra, quien entregó detalles sobre la supuesta entrega de dinero a los exmandatarios peruanos Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

Serra declaró que la empresa había repartido dádivas en los últimos 20 años en Perú entre una amplia gama de candidatos en comicios presidenciales, parlamentarios y municipales.

Los aportes iban desde 5.000 dólares, a postulantes a alcaldías, hasta millones para candidatos a la presidencia, según Serra.

"El testigo refirió que el pago se habría hecho en dos oportunidades en el departamento de Ollanta Humala", dijo el fiscal Germán Juárez.

Serra negó, sin embargo, que Odebrecht hubiese sobornado a Humala para adjudicarse la construcción del Gasoducto del Sur, de 1.000 kilómetros.

'Club de la construcción'

El exjefe de la constructora en Perú, Jorge Barata, reveló hace un año que la compañía hizo aportes ilegales de campaña en 2006 y 2011 a Toledo y Humala, así como a los expresidentes Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Ahora, los nuevos testimonios de exfuncionarios de Odebrecht involucran a algunos legisladores, alcaldes y a la excandidata presidencial Lourdes Flores.

También al abogado Horacio Cánepa, acusado de ser sobornado por la constructora cuando oficiaba de árbitro que dirimía sus disputas contractuales con el Estado peruano.

Con los últimos testimonios salió a la luz que desde 1996 operaba desde las sombras en Perú un "club de la construcción", formado por empresas que se repartían las obras públicas licitadas por el Estado sobornando funcionarios.

"Con solo una semana de vigencia, el acuerdo de colaboración ya ha demostrado –a contracorriente de lo que sostenían sus detractores– ser una herramienta útil para el trabajo del equipo especial" de la fiscalía, destacó el influyente diario limeño El Comercio este sábado.

También salió a la luz que Odebrecht pagó 45 millones de dólares en sobornos para adjudicarse la construcción de dos tramos de la ruta Interoceánica Sur, que une a Perú y Brasil a través de la selva amazónica.

De ese monto, 20 millones habrían sido entregados al expresidente Toledo, según admitió Barata hace un año. El exmandatario huyó a Estados Unidos y Perú pidió su extradición.

El exárbitro Cánepa, quien también fue asistente de campaña de Lourdes Flores cuando era candidata, ahora colabora con la fiscalía para conseguir una rebaja de su condena.

Los expresidentes Humala, Kucynzki y García tienen prohibición de salida del país mientras avanzan las investigaciones del caso Odebrecht. García pidió asilo en Uruguay en noviembre, pero le fue negado.