¿Maduro o Guaidó? La justicia británica examina quién representa al pueblo venezolano

Un tribunal de comercio de Londres empezó a examinar este lunes a quién, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, considera legítimo representante del pueblo venezolano, paso previo para decidir sobre la devolución de mil millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra.

El Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, se querelló en mayo ante un tribunal de comercio de Londres para recuperar más de 30 toneladas de oro que tiene depositadas en las cámaras acorazadas de la institución británica y asegura necesitar para luchar contra el coronavirus.

Pero el Banco de Inglaterra (BoE) afirma verse atrapado entre esta junta directiva del BCV y otra rival, nombrada por Guaidó, al que medio centenar de países --incluido el Reino Unido-- consideran "presidente interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones fiables".

Por eso, antes de abordar la cuestión de la devolución del oro, valorado en mil millones de dólares, el juez Nigel Teare decidió que primero se determine, en una causa a parte, a quién reconoce el tribunal como legítimo representante de la república venezolana, propietaria última de los lingotes.

Las audiencias, celebradas por videoconferencia debido a la pandemia de coronavirus, comenzaron con algunos problemas técnicos y deben prologarse un máximo cuatro días.

El primero se dedicará a los argumentos del abogado de Ortega y su junta Nick Vineall, el segundo a la parte contraria representada por Andrew Fulton y los dos restantes a determinar si un juzgado comercial británico puede de hecho juzgar estas cuestiones con importantes implicaciones políticas y diplomáticas.

Alicia en el País de las Maravillas

La junta "ad hoc" del BCV nombrada por Guaidó en un decreto firmado en Caracas el 18 de julio de 2019 "tiene solamente a su cargo los bienes en el extranjero (...) y no está claro cómo debe interactuar con la otra junta", afirmó Vineall en la apertura de su argumentación.

"Toda la idea (...) tiene un cierto elemento de Alicia en el País de las Maravillas", agregó con ironía.

Defendió asimismo que pese al reconocimiento del opositor Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como mandatario "interino" por medio centenar de países no "existe ningún gobierno en el exilio, ni hay un gobierno paralelo en Caracas".

Y, citando la Constitución venezolana, aseguró que el presidente de la Asamblea Nacional solo reemplaza al jefe de Estado cuando este está incapacitado por muerte, renuncia, destitución judicial o inhabilidad.

Legitimidad legal

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, está sumida en una debacle económica, con severa escasez de alimentos y medicinas y colapsos en el suministro de agua y electricidad, que ha forzado a millones de personas a abandonar el país en los últimos años.

La existencia de dos "presidentes" rivales ha dificultado que el ejecutivo de Caracas pueda acceder a los fondos que el país tiene en el sistema financiero internacional, incluso en plena pandemia de covid-19, que ha causado oficialmente unas decenas de muertos en el país.

El régimen de Maduro lleva año y medio, desde mucho antes de la aparición del nuevo coronavirus, intentado sin éxito repatriar el oro guardado en Londres.

Pero Guaidó ha escrito dos veces a las autoridades británicas, en febrero de 2019 y abril de 2020, para pedirles que no se lo entreguen.

En opinión de Fulton, "la cuestión del reconocimiento puede desbloquear el resto", según afirmó en una vista previa en mayo. Sin embargo, el juez Teare consideró que la causa principal, sobre el retorno de los lingotes, puede prolongarse más allá de septiembre.

Como garantía de que, si obtiene el oro, el fruto de su venta se dedicará a combatir el coronavirus y no a otros fines, el BCV negoció que el dinero se transfiera directamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Esta es una emergencia humanitaria" y "la intransigencia del Banco de Inglaterra está poniendo vidas en peligro", denunció Sarosh Zaiwalla, representante legal en Londres de Ortega y su equipo.