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Magistrada de la Corte Suprema de Guatemala es vinculada con sobornos a jueces
La magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, fue vinculada a una red de abogados y jueces que recibían sobornos para dejar en libertad a miembros capturados de una red que defraudó por varios millones de dólares al fisco guatemalteco.
Escuchas telefónicas a las cuales AP tuvo acceso, y que son parte del expediente judicial, narran cómo Luis Mendizábal, un empresario guatemalteco acusado de orquestar sobornos a jueces y quien hoy es prófugo de la justicia, discutía con abogados y miembros de la red, sobre entregar sobornos a una jueza para lograr que les dejarán en libertad.
"Nosotros aquí estamos, al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabes. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos (el bufete) tienen muy buena comunicación, estamos en esa", dice la conversación telefónica entre Mendizábal y Javier Ortiz, alias "Teniente Jerez", uno de los cabecillas de la red.
Tras varias llamadas telefónicas a Stalling para conocer su opinión sobre los hechos pero ésta no respondió las llamadas.
En otra conversación, Mendizábal se comunica con la abogada Ruth Emilza Higueros, quien le informa que el bufete para el que trabaja ya tiene varios abogados trabajando en el caso "que tienen mucho conocimiento y muchas amistades".
El viernes 8 de mayo, la fiscalía detuvo a cinco abogados, entre ellos Higueros, que habrían sobornado a la jueza Marta Sierra de Stalling, cuñada de la magistrada Stalling Dávila, para que dejara en libertad a Ortiz y otras cinco personas vinculadas al caso. La fiscalía también pidió el retiro de la inmunidad a la jueza para poder investigarla y procesarla por estos hechos.
La fiscalía determinó que Sierra de Stalling conoció el caso en tiempo record y dejó libres a tres cabecillas de la banda y a tres empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria involucrados en el caso, con el argumento de que no eran funcionarios públicos.
El caso de la defraudación al fisco se trata de una red desarticulada por la fiscalía y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas que investiga grupos paralelos incrustados en el Estado.
Las autoridades determinaron a través de 66.000 escuchas telefónicas la forma en que la red recibía sobornos de empresarios para evadir al fisco. Hasta el momento hay 27 personas detenidas por estos hechos.
El caso incluso le ha costado el puesto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien supuestamente aparece mencionada en las escuchas telefónicas, que para la fiscalía es indicio suficiente de una posible participación.
Luego de que el Congreso aceptó la renuncia de Baldetti y esta perdió su inmunidad, las autoridades la arraigaron el sábado.
La red que era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, mano derecha y exsecretario privado de la vicepresidenta, también prófugo de la justicia.
Stalling Dávila es Magistrada Vocal VIII y presidenta de la Cámara Penal del Organismo Judicial. A su cargo está el conocer asuntos judiciales que tenga que ver con todos los procesos penales del país. Su llegada a la alta magistratura junto a los 12 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia fue muy convulsionada, ya que hubo recursos legales de por medio y una gran animadversión de grupos de la sociedad civil que reclamaban que la elección de todos los magistrados estaba plagada de irregularidades.
"Todas las instancias del sector justicia están (no sólo) deslegitimizadas, sino también involucradas", dijo la activista Helen Mack sobre la vinculación de Stalling en los hechos. Si "la depuración no comienza en el organismo judicial difícilmente vamos a poder hablar de una democracia".
