Marcha en recuerdo de las víctimas de la dictadura chilena termina en enfrentamientos
Cerca de 5,000 chilenos participaron este domingo en una tradicional marcha en Santiago que recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que concluyó con violentos enfrentamientos entre encapuchados y policías.
La caminata es convocada por organismos de derechos humanos y familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar, y se realiza anualmente alrededor del 11 de septiembre, fecha en la que hace 44 años Pinochet encabezó el golpe que inició su dictadura y que derrocó al entonces presidente socialista Salvador Allende.
La manifestación concluyó como todos los años en el cementerio general en el norte de Santiago, en cuyos alrededores decenas de encapuchados causaron destrozos en estaciones del metro, una clínica, sucursales bancarias y gasolineras, además de levantar y quemar barricadas.
La Policía, que montó un fuerte operativo de seguridad alrededor de la caminata, dispersó a los encapuchados con gases lacrimógenos y carros lanza-agua.
Seis uniformados resultaron heridos y 25 manifestantes fueron detenidos durante los disturbios, según informó la Policía.
Los asistentes a la marcha portaron pancartas con las fotos de sus familiares muertos, mientras otros llevaban carteles y lienzos con leyendas que demandaban conocer el paradero de los desaparecidos que desde hace más de cuatro décadas aún es desconocido.
Unos 3,200 muertos y desaparecidos y cerca de 38,000 torturados dejó la cruenta dictadura de Pinochet, según cifras oficiales.
Asimismo, exigieron el cierre de Punta Peuco en el norte de la capital chilena, una cárcel exclusiva para condenados por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura.
En el penal purgan sus penas más de un centenar de reos, en su mayoría militares en retiro de avanzada edad que gozan de beneficios que no tiene el resto de la población penal chilena.
La presidenta Michelle Bachelet anunció que Punta Peuco será cerrada y sus reos trasladados a una cárcel común antes del fin de su mandato, en marzo de 2018.
