Ombudsman de Guatemala pide garantizar la vida de policías asignados a CICIG
El procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas exigió hoy a las autoridades de Gobernación que "de manera urgente" garanticen la vida, dignidad e integridad física de tres policías y un inspector asignados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En un comunicado, Rodas expresó su "profunda preocupación" por la situación en la que se encuentran los agentes de la Policía Nacional Civil: Rumualdo Lozano Jutzuy, Rosa Mélida Peñate López y Silvia Soledad Escobedo, quienes se encontraban asignados a la CICIG, así como del inspector Antonio José Ávila González, jefe del Departamento de Personal de la División de Información Policial de la institución armada.
Una denuncia del inspector Ávila ante la Procuraduría de los Derechos Humanos el pasado 26 de abril, la cual aseguraba que los tres agentes asignados a CICIG se encontraban retenidos contra su voluntad, derivó en la apertura de un expediente en la institución y la solicitud de exhibiciones personales a favor de los policías presuntamente detenidos desde el pasado 24 de abril.
La supuesta retención contra los agentes sucedió luego de que ese día, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, enviara una misiva al comisionado de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, para cuestionarlo por la presencia de los policías asignados al ente internacional en las cercanías de su residencia.
Velásquez respondió la misiva ese mismo día, diciendo que éstos no estaban indagando acerca de él (Degenhart), sino que se encontraban realizando una diligencia a una empresa bajo investigación, ubicada dentro del mismo condominio del funcionario guatemalteco.
Tras el anuncio de las acciones de exhibición personal de Rodas a favor de los agentes y del inspector policial, el portavoz de la cartera del Interior, Fernando Lucero, aseguró que el juez encargado "determinó que en ningún momento se vulneraron los derechos fundamentales" de Lozano Jutzuy, Peñate López y Escobedo.
Según Lucero, los policías asignados a la CICIG "continuaron con las actividades personales en el marco de la responsabilidad que les compete" y aseguró que éstos se encontraban "de descanso".
Sin embargo, este domingo, Rodas exhortó al Ministerio Público (Fiscalía) a realizar "la investigación correspondiente en base a la denuncia remitida por la institución del Procurador de los Derechos Humanos el viernes 27 de abril para establecer la posible comisión de hechos delictivos".
Según el comunicado del procurador, personal de turno a su cargo se constituyó el sábado por la noche a la división de Protección de Personas y Seguridad para realizar una verificación del destino de la agente Escobedo, quien "en la entrevista manifestó temer por su vida y la de su familia".
Mientras que en el caso de Lozano Jutsuy y de Peñate López, el primero indicó por la vía telefónica que se encontraba en su residencia y que había sido asignado a la División de Información Policial; y la segunda que un juez de turno le había realizado la exhibición personal.
Rodas indicó en el comunicado que aún estaba a la espera de la información del juzgado acerca de la verificación a favor del inspector Ávila, de la cual no había sido notificada.
La incertidumbre del estado de los agentes asignados a la CICIG se enmarca en un claro distanciamiento entre la cúpula de Gobernación y Velásquez, luego de que a finales de enero le fuera aceptada la renuncia exigida por el presidente, Jimmy Morales, al exministro de dicha cartera Francisco Rivas, sustituido por Degenhart, aliado al alcalde capitalino fallecido este viernes, Álvaro Arzú, que rechazaba la presencia del colombiano.
