ONU pide a México indagar caso Tlatlaya

MEXICO (AP) — Un relator de las Naciones Unidas pidió el lunes al gobierno de México que realice una investigación a fondo en torno a la muerte de 22 presuntos criminales, ante la posibilidad de que se trate de un caso de "ejecuciones sumarias", que en principio provocó la detención de ocho militares.

Christof Heyns, relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, celebró la decisión de detener a ocho militares ligados a la muertes ocurridas en una bodega el 30 de junio en la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México.

"La detención de ocho de los soldados sospechosos de haber participado en esas muertes es un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes", dijo Heyns, según fue citado en un comunicado divulgado el lunes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos.

Un oficial y siete soldados fueron detenidos la semana pasada acusados de violaciones a las normas castrenses y se encuentran una prisión militar en la ciudad de México. Los señalamientos son independientes de una investigación que las autoridades civiles realizan en torno al caso.

El ejército reportó inicialmente que 22 presuntos delincuentes murieron y un soldado resultó herido luego de que supuestamente respondieran a una agresión del grupo que estaba en una bodega en San Pedro Limón, una comunidad de Tlatlaya.

Sin embargo, una mujer que afirma haber estado en el lugar de los hechos, dijo hace unos días a la AP que sólo una persona habría muerto en el tiroteo inicial y que luego los soldados mataron a los 21 restantes cuando ya se habían rendido, incluida su hija de 15 años, Erika Gómez González, quien yacía herida en el suelo.

El relator de la ONU también pidió a las autoridades dar protección a la testigo.

"Toda pérdida de la vida que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal", dijo Heyns.

Añadió que "sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves", lo cual se ha puesto en duda en el caso de Tlatlaya.